El pleno de las Cortes vota este jueves la nueva Ley del Juego de Aragón, que modifica y adapta la normativa aprobada en el año 2000, una norma largamente demandada desde diferentes sectores. El objetivo primordial del texto que tramitan las Cortes es compaginar la actividad y la seguridad jurídica de un sector económico legal con la protección a los colectivos más vulnerables, sobre todo a los jóvenes y a las personas que presentan adicción al juego.
La iniciativa más polémica que incluye el texto es el refuerzo jurídico a la prohibición de sacar dinero en efectivo desde las máquinas TPV (Terminal en Punto de Venta) con tarjeta de crédito. Es algo que ya figura como sanción muy grave actualmente (artículo 39.h) pero que, debido a cómo está redactado, ha sido objeto de dudas jurídicas y en algunas ocasiones no ha acabado en las sanciones esperadas. Ahora, la ley trata de disipar esas dudas y refuerza la prohibición.
Sin embargo, sobre este punto ha habido controversia. En la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario extraordinaria de febrero hubo grupos que cambiaron el sentido de su voto respecto a la ponencia, que había recibido un respaldo unánime salvo por parte de Vox, único que se abstuvo en la primera votación.
En la aceptación transaccionada de la enmienda 91 de Izquierda Unida, en ponencia, se estableció como infracción muy grave en el artículo 39 lo siguiente: «Conceder préstamos o cualquier otra modalidad de crédito, incluido el uso de tarjeta de crédito para intercambiar por efectivo con el que jugar, así como conceder asistencia financiera a particulares y a las personas que acceden a los establecimientos y locales en que tenga lugar la actividad de juego, mediante la entrega de dinero a crédito para el jugador, por parte de las personas titulares u organizadoras de las actividades de juego o por parte de las personas al servicio de estas, empleadas o empleados o directivos de los locales».
El cambio de voto
Es en esta enmienda en la que luego decidieron cambiar su voto tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox en la comisión, que prefieren que este apartado quede tal como estaba pese a las dudas jurídicas que ha generado estos años. Y ahora está en riesgo la revisión ya que el voto del PAR está en el aire por el mismo motivo. Desde el PP defienden que esta enmienda es «una cabezonería» de la izquierda que no sirve «para proteger al ludópata sino para castigar a algunas empresas».
Por su parte, en Ciudadanos afirman no haber cambiado el sentido del voto. «La enmienda que introduce el pago con tarjeta la votamos que no desde el principio en comisión», dicen desde el grupo liberal, donde afirman que solo ha cambiado su decisión «en una disposición sobre infracciones». Leer la noticia completa en elperiodicodearagon