El vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha defendido en el Parlamento de las Illes Balears la propuesta del Govern de modificación de la Ley 8/2014, del juego y las apuestas de las Illes Balears, promovida desde la Dirección General de Comercio y que se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre.
El objetivo principal de esta Ley es el de proteger los colectivos más vulnerables y ofrecer la máxima seguridad y protección jurídica a los ciudadanos, así como atender la necesidad de planificar la ubicación de las salas de juego y locales de apuestas, para prevenir las externalidades negativas que la actividad puede ocasionar, y corregir las disfunciones que produce el crecimiento desordenado de este tipo de establecimientos.
«Desde el principio de legislatura dejamos claro un mensaje como Govern: no queríamos que nuestras islas fueran un “Las Vegas low cost” o el Macao del sur de Europa», ha destacado el vicepresidente Yllanes, quien también ha querido recordar los esfuerzos hechos en los últimos años para atender la preocupación social existente por la sobreoferta de locales de juego, el crecimiento del número de autoprohibidos —en las Illes Balears hay más de 2.400 familias con al menos uno de sus miembros que ha autoprohibido su acceso a salas de juego—, o el aumento de conflictos vecinales vinculados a la apertura de nuevos salones en barrios vulnerables o zonas de tránsito de menores.
Esta norma incluye como novedades:
el tope a la ratio actual de salones de juego y locales específicos de apuestas en el territorio de las Illes Balears, que se limita a la media estatal de 75 por cada millón de habitantes empadronados en la comunidad autónoma (actualmente Baleares se encuentra en 120 por millón de habitantes);
la limitación de distancias para las nuevas licencias, que se amplían a 500 metros de los centros educativos y sociosanitarios, y establecen una distancia mínima entre locales de 500 m en Palma y 250 m en el resto de municipios;
la regulación de los letreros y elementos que cubran las fachadas de los establecimientos de juego, los cuales tienen que retirar aquellos elementos más llamativos;
la adaptación de mensajes de alerta y control en pantalla de las máquinas de juego, relativos a la edad y la responsabilidad hacia el juego, entre otros.
Además, y aunque no se ha incluido en la modificación de la Ley, el Govern ha llegado a un acuerdo con la FELIB para que los horarios de los establecimiento de juego se regulen vía ordenanza municipal, para no invadir competencias que ya ejercían algunos ayuntamientos, y entendiendo que no tiene sentido que municipios adyacentes tengan horarios diferentes por la apertura y cierre de estos establecimientos.
Finalmente, las ampliaciones de locales pasarán a ser consideradas nuevas licencias, para así cumplir con lo que ha sido una reivindicación vecinal.
«A partir de la entrada en vigor de esta modificación de la Ley, el juego en nuestra comunidad solamente podrá decrecer», ha afirmado el vicepresidente Yllanes. «Esta modificación de la Ley no es solamente una cuestión puntual en lo referente a una actividad económica concreta, sino una reflexión sobre qué modelo de ciudad y pueblo queremos, si queremos de veras un ocio saludable para nuestros niños y si, como sociedad, nos interesan más unos cuántos intereses particulares o el bien común y la opinión de nuestras conciudadanas y conciudadanos», ha concluido Yllanes.
El vicepresidente también ha querido agradecer el trabajo hecho a todas las entidades que han acompañado al Govern en este proceso de replanificación del sector del juego en las Illes Balears, algunas de las cuales han asistido hoy a la votación de la Ley en el Parlament: la Organización de Consumidoras y Usuarios (OCU); la Federació dAssociacions de Veïnats de Palma; la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia; la Associació de tractament a persones amb problemes de joc patològic (Juguesca); la Federació dAssociacions de Mares i Pares dAlumnes (FAPA); el Instituto Europeo de Estudios de Prevención (IREFREA); el Pla dAddiccions i Drogodependències de les Illes Balears del IBSalut; la Defensora de la Ciudadanía de Marratxí; Projecte Home y UNICEF, entre otros.
