La transparencia no termina de ser una virtud en el departamento de Alberto Garzón. Esto es al menos lo que se deduce tras comprobar que el retraso del Ministerio de Consumo en la publicación de las resoluciones sancionadoras que reciben las compañías de juego online por cometer infracciones. Se trata de una información que debería difundirse a través de la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), tal y como exige la última reforma de 2021 de la Ley que regula estas cuestiones.
Amparado por la modificación legislativa, el Ejecutivo acabó con más de diez años de oscuridad en torno a las sanciones de este tipo. Sin embargo, la información no discurre a día de hoy con la celeridad deseada. Desde el propio Ministerio admiten esta lentitud y lanzan la promesa de publicar en breve los datos que forman parte del segundo semestre de 2022. Cabe destacar que estos castigos sólo pueden divulgarse cuando las sentencias ponen fin al proceso administrativo.
Fue durante el último mes de noviembre cuando se publicaron las resoluciones relativas a la primera mitad del año. Según los datos oficiales, en esa franja de tiempo hubo en España hasta cincuenta y tres plataformas de juegos de azar online que cometieron infracciones de peso en su entorno de trabajo. Algunas de ellas recibieron penalizaciones que las llevaron a cesar su actividad durante un periodo limitado de tiempo como consecuencia de las infracciones. Una medida que favoreció al usuario en la búsqueda de plataformas seguras gracias a la actuación del gobierno en el cese de la actividad de todas aquellas que incumplieran la ley.
También se les privó de ofrecer promociones como tiradas gratis para slots, repartos de premios entre las cuentas verificadas o regalos de bonos para los usuarios más antiguos. Siguiendo con lo que marca la Ley de Regulación del Juego, Consumo penalizó a diecisiete de esta veintena de compañías con multas comprendidas entre los cuatro y los cinco millones de euros, mientras que los cuatro operadores restantes tuvieron que asumir el pago de un millón de euros por cabeza. Leer noticia completa en eliberico
