El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Consumo, un Real Decreto que persigue reforzar la protección de los jugadores más vulnerables y obliga a los operadores a crear entornos de juego más seguros. Para ello, incluye, entre otras medidas, que no puedan aceptar tarjetas de crédito de jugadores considerados vulnerables y la imposición de multas de hasta 50 millones de euros si se incumplen las nuevas normas. Además, deberán enviar cada hora un mensaje de texto en el que se le informe al cliente la cantidad de dinero que ha apostado y perdido.
Según explica Consumo, esta nueva normativa tiene como objetivo minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo que pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas. Así, apunta que una de las “poblaciones diana” de la norma son los jóvenes de entre 18 y 25 años, “particularmente sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados”, aunque la norma pretende reforzar la protección de otros perfiles vulnerables, como es el caso de quienes ya tienen comportamientos de juego intensivo o de riesgo.
Como regla general, se considerará que están en la categoría de juego intensivo las personas que acumulen pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros (se limita a 200 euros en el caso de los menores de 25 años) en un plazo de tres semanas seguidas. También forman parte del colectivo de especial protección y vulnerabilidad de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos). No obstante, el Real Decreto, que contempla medidas de protección general para las personas jugadoras en sentido amplio, con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego, tiene el objetivo de garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que “prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores”.
Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas del sector estarán obligadas a “promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de las personas jugadoras”. Leer noticia completa en cincodias
