La iniciativa, registrada ante la Comisión Europea el 13 de noviembre de 2026 con la referencia 2026/0646/ES, pretende poner fin a la dispersión normativa existente y reforzar la seguridad jurídica tanto para los usuarios como para las empresas del sector en Canarias.
El proyecto contempla la actualización de dos normas: el Decreto 26/2012, que regula las máquinas recreativas y de azar, y el Decreto 42/1998, relativo a la homologación del juego y al funcionamiento del Registro del Juego. Entre los ámbitos que serán objeto de modificación figuran el régimen jurídico de las máquinas recreativas, los sistemas de pago y cobro de los usuarios, la simplificación de procedimientos administrativos y el Registro de Prohibidos de Acceso al Juego.
La nueva planificación deberá establecer, entre otros aspectos, el número máximo de autorizaciones por modalidad y tipo de establecimiento, la duración del marco planificador y la distribución geográfica de la oferta, teniendo en cuenta la incidencia social del juego, las características de cada isla y la concentración de establecimientos.
En relación con los salones recreativos, el documento señala que la planificación podrá contemplar aumentos o reducciones de establecimientos en función de factores como la población, las plazas alojativas, la distribución de la oferta de ocio y la protección de colectivos vulnerables. También se indica que la reducción será más acusada en algunos territorios, como Gran Canaria, y que se busca evitar ajustes excesivos que puedan perjudicar el empleo y la estabilidad de las empresas ya implantadas.
Respecto a los locales de apuestas externas, el Ejecutivo considera que la planificación anterior estaba sobredimensionada, dado que más de la mitad de las autorizaciones previstas permanecían disponibles, por lo que plantea reducir su número.
La notificación europea no supone todavía la aprobación definitiva del decreto. El proyecto deberá continuar su tramitación antes de su eventual entrada en vigor.














