La prohibición de las apuestas de cuota fija en Brasil ha abierto un debate sobre sus consecuencias para los consumidores, las empresas y la seguridad jurídica del sector. Así lo plantea ABRAJOGO en un artículo firmado por Ana Helena Karnas Hoefel Pamplona, directora de Relaciones Gubernamentales de la asociación, a raíz de la audiencia pública celebrada el 3 de noviembre en el Supremo Tribunal Federal (STF), bajo la dirección del ministro Luiz Fux.
El encuentro abordó la Medida Provisional n.º 1.394/2026 y sus efectos sobre el mercado de apuestas. Durante la audiencia, el Gobierno defendió la medida como una respuesta a los problemas de salud pública y al endeudamiento de los hogares. Sin embargo, ABRAJOGO cuestiona que las cifras disponibles permitan establecer una relación directa entre las apuestas y el deterioro de la economía familiar.
La asociación recoge un estudio de LCA Consultoria Econômica, presentado por la Asociación Brasileña de Libertad Económica (ABLE), según el cual los ingresos brutos de las casas de apuestas autorizadas representaron en 2025 el 0,46% del consumo de los hogares brasileños. El análisis también señala que las familias pagaron cerca de 700.000 millones de reales en intereses durante ese ejercicio.
Asimismo, el artículo sostiene que el incremento del consumo de alimentos observado tras la entrada en vigor de la medida coincidió con otras actuaciones económicas, entre ellas el aumento de las prestaciones del programa Bolsa Família. Según ABRAJOGO, el propio Abogado General de la Unión reconoció que los datos no permiten establecer una relación de causa y efecto.
La preocupación por el desplazamiento hacia el mercado ilegal
Uno de los principales argumentos de la asociación se centra en el posible crecimiento de las apuestas clandestinas. Según los datos del sistema LegitBet citados en el artículo, el promedio semanal de enlaces a páginas ilegales pasó de menos de 81 antes de la medida a 618 en las semanas posteriores.
ABRAJOGO advierte de que el desplazamiento de los usuarios hacia plataformas no autorizadas supone una pérdida de mecanismos de protección. Mientras que el mercado regulado permite identificar a los apostantes y ofrece herramientas como la autoexclusión, los operadores clandestinos carecen de controles efectivos de edad, límites de gasto y canales formales de reclamación.
La organización defiende que regular el sector no significa promover las apuestas, sino establecer mecanismos de supervisión y protección para una demanda que, a su juicio, no desaparece necesariamente mediante una prohibición.
Seguridad jurídica e impacto empresarial
El artículo también cuestiona la forma en que se adoptó la medida. ABRAJOGO recuerda que el mercado regulado se había estructurado en un periodo inferior a tres años y sostiene que su eliminación mediante una medida provisional, sin transición, devolución de los pagos por concesiones ni indemnizaciones, genera incertidumbre para los inversores.
Entre las consecuencias señaladas figuran la pérdida de patrocinios por parte de clubes de fútbol, con especial referencia al Botafogo y a las posibles repercusiones sobre su plan de recuperación judicial.
La asociación considera que el debate ante el STF debe centrarse en la constitucionalidad del procedimiento utilizado, especialmente en relación con la urgencia exigida por el artículo 62 de la Constitución brasileña, la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima.
La decisión del Supremo deberá determinar si la medida adoptada se ajusta al marco constitucional brasileño. Para ABRAJOGO, el pronunciamiento también tendrá consecuencias sobre la previsibilidad regulatoria y la confianza de las empresas que operan o pretenden invertir en el mercado del país.
