Desde el pasado mes de enero, Sandra Daniela Tuccelli camina sin rumbo por un desierto repleto de burocracia, llantos e impedimentos legales a la espera de hallar un oasis de oro y justicia: el dinero que ganó con el número 82890 en el Cupón Extra de Navidad de la ONCE, premiado, nada más y nada menos, que con 400.000 euros. «Nos hubiera cambiado la vida y nos lo han quitado», clama mientras su madre Susana la abraza y no se separa ni un minuto de ella.
Esta joven valenciana, camarera de profesión, recibió un año más el mismo regalo de su progenitora en forma de cupón para el sorteo de la ONCE del 1 de enero, cuyo obsequio entrega religiosamente a cada uno de sus hijos. Susana lo compró en el reluciente y recién estrenado quiosco ambulante ubicado en la Avenida del Oeste, a pocos metros del icónico Mercado Central de la capital del Turia. A diferencia de ediciones pretéritas y retando a la ínfima probabilidad de que su boleto fuera el agraciado, tocó. Y vaya si tocó: 400.000 euros, más de 23 millones de las antiguas pesetas, que iban a dar un giro de 180 grados a su vida.
Pero no fue así. El paraíso se convirtió en el infierno y la alegría en pena por un reglamento interno inquebrantable que ha suspendido el pago del premio. El principal argumento que esgrime la ONCE, según desveló ABC, para no abonar la recompensa económica es que el marido de la agraciada, quien fue a cobrar el dinero, aparece inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).
¿Dónde va a parar el dinero? y ¿por qué un ludópata puede comprar un cupón y no cobrarlo? A la primera, según el mismo reglamento de la ONCE que se mencionaba con anterioridad y a la espera de la resolución judicial, el premio «se destinará a los fines sociales propios de la organización».
Respecto a la segunda, realmente un jugador que sufre ludopatía y está inscrito voluntariamente en el RGIAJ no puede comprar un boleto de lotería, pero esta acción no se puede controlar de manera exhaustiva en los puestos de venta de la ONCE ya que no se solicita ningún documento de identificación a la hora de adquirir estos productos y, a cuando se van a cobrar, sí.
Según el propio ordenamiento de la organización nacional, se estipula la prohibición de compra de productos y cobro de premios a personas que «voluntariamente hubieran solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme, lo que llevará asociada la imposibilidad del pago». Leer noticia completa en abc
