El recreativo cántabro se encuentra en una situación complicada, pues aún no ha recuperado niveles de recaudación prepandemicos, especialmente en lo relativo a salones de juego donde el pasado mayo se cerró con una caída superior al 30 % con respecto a 2.019, por lo que "una reducción de la tasa fiscal proporcional a la merma descrita, resultaría muy necesaria", señala Luis Cobo, secretario general de ACEO (Asociación Cántabra de Empresas Operadoras).
Por otro lado, la adscripción a la Inspección del Juego de 14 nuevos funcionarios, más los otros 2 que ya estaban, está conllevando una reiteración e intensidad en la labor inspectora traducida en la visita a locales de juego de hasta dos veces por semana, o a locales de hostelería, que está generando a la clientela e incluso al propio personal, una percepción negativa que afecta notoriamente a la actividad, esperando que esta situación se normalice, dejando perfectamente aclarado que "en modo alguno estamos en desacuerdo con que se realice una labor inspectora, pero si en la forma y cadencia con que se desarrolla actualmente", detalla Cobo.
Para ACEO la nueva Ley preserva el ecosistema de equilibrio creado al amparo de la actual Ley de Juego de 2.006, que tan buenos resultados brindó, no introduciendo nuevas restricciones a la actividad, ni su aplicación con efectos retroactivos, que era el mayor temor que tenía el sector, tal y como desgraciadamente está ocurriendo en otras Comunidades.
Respecto a la implementación de nuevos medios de pago en el sector, hasta el momento se está contemplando como una posibilidad futura, "que dependerá en gran medida de los resultados obtenidos tras su implementación en máquinas instaladas en locales específicos de juego", destaca el secretario general de ACEO.
