El Gobierno de Italia pretende obtener alrededor de 700 millones de euros procedentes del juego a través de los Presupuestos de 2027. Sin embargo, representantes del sector cuestionan la viabilidad de alcanzar esa cifra y alertan de las posibles consecuencias de aumentar la presión fiscal sobre los operadores.
Lucas Zavarise, responsable de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios de Gaming Laboratories International (GLI), apunta a que las medidas podrían centrarse principalmente en el juego presencial, mediante un incremento de las tasas por la prórroga de concesiones y una subida de un punto del PREU, el impuesto aplicado a las máquinas recreativas y los VLT (videoloterías).
Por su parte, Giulio Coraggio, socio de DLA Piper, considera incierto que el objetivo recaudatorio pueda cumplirse. A su juicio, una mayor carga fiscal reduciría los márgenes empresariales y podría incentivar a algunos operadores a buscar mercados offshore, donde las condiciones resulten más favorables.
Las advertencias también alcanzan al juego online. Quirino Mancini, de WH Partners, señala que nuevos gravámenes podrían debilitar el sistema italiano de licencias, mientras que Stefano Sbordoni alerta de que una mayor fiscalidad sobre el negocio presencial podría agravar las dificultades que ya atraviesa parte del sector.
El debate vuelve a situar en el centro la relación entre recaudación pública y sostenibilidad del mercado regulado, ante el riesgo de que una presión fiscal excesiva termine perjudicando a los operadores legales y favoreciendo la actividad fuera del sistema de licencias.
