La Junta de Castilla y León plantea introducir nuevas restricciones en los medios de pago de los establecimientos de juego a través del anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027. La propuesta contempla modificar la Ley 4/1998, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, para limitar temporalmente los pagos en estos locales al dinero en efectivo, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027.
La medida supone un obstáculo para las demandas de modernización que vienen planteando las empresas del sector que reclaman adaptar sus servicios a los hábitos actuales de los clientes.
La restricción también abre interrogantes sobre la coherencia de la política regulatoria autonómica. Mientras el sector reclama actualizar la normativa para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y mejorar la experiencia de los usuarios, la propuesta apunta en sentido contrario al reducir las opciones disponibles para realizar pagos en los establecimientos.
Cuestionamientos por la forma y el fondo
Las críticas a la iniciativa se centran tanto en el procedimiento elegido como en sus posibles consecuencias. La modificación se incorpora a una ley de acompañamiento presupuestario, sin que, según las objeciones planteadas por el sector, se haya ofrecido una justificación suficiente ni se haya mantenido un diálogo previo con los distintos subsectores del juego.
En el plano económico, limitar los medios de pago al efectivo podría dificultar la actividad comercial de los establecimientos y afectar a la rentabilidad de las empresas, en un contexto en el que las salas buscan mejorar su competitividad y adaptar su funcionamiento a las nuevas necesidades de los clientes.
Otro de los aspectos cuestionados es la posible desigualdad de trato respecto al resto de las actividades empresariales y a los operadores de juego público. La restricción situaría a los establecimientos privados ante unas condiciones específicas que no se aplicarían de la misma manera a otros ámbitos económicos, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad de la medida.
La propuesta contrasta, además, con las peticiones de actualización reglamentaria formuladas por el sector, que considera necesario compatibilizar la protección de los usuarios con la modernización tecnológica y la viabilidad empresarial.
A la espera de la tramitación definitiva del anteproyecto, la limitación de los pagos electrónicos se perfila como uno de los principales puntos de fricción entre la Administración autonómica y las empresas del juego privado, que reclaman una regulación acorde con la evolución de los medios de pago y con las condiciones de competencia del mercado.
