Cej, a través de su Presidente, Fernando Henar, alerta de la posible regulación del «bingo social» en Andalucía, tal como se plantea en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027 y que genera mucha inquietud en el sector del juego privado autorizado. Aunque la intención declarada es permitir actividades recreativas de juego sin ánimo de lucro en centros de mayores o asociaciones, el hecho de abrir la posibilidad de jugar con dinero aumenta los riesgos que percibimos por las salas de bingo tradicionales y que son altos.
El principal temor del sector es que esta excepción, aunque limitada en teoría, se convierta en una vía de escape para la práctica del juego no regulado. Aunque el borrador impone límites (máximo 1 euro por cartón, 100 euros por sesión), el sector teme que, sin una fiscalización exhaustiva y constante por parte de la Administración, estos límites puedan ser superados sistemáticamente.
Si el «bingo social» permite cartones hasta 1 euro, no solo compite por precio, sino que opera bajo una estructura de costes radicalmente distinta. Al no tener los mismos costes de explotación (tasas, impuestos, personal, medidas de control, etc..), generaría una competencia desleal de primer orden.
Asimismo, un precio unitario reducido no mitiga el riesgo de juego problemático, por el contrario, puede incentivar una mayor intensidad de juego (mayor número de cartones y partidas) sin los mecanismos de control, detección de conductas de riesgo o herramientas de protección al jugador (registros de acceso) que son obligatorios en las salas de juego.
Existe igualmente la preocupación de que una proliferación descontrolada de estos «bingos sociales» pueda desviar parte de la demanda de clientes que habitualmente acuden a salas autorizadas, especialmente si estas sesiones se normalizan en locales de barrio o asociaciones sin el mismo nivel de control y costes operativos.
Las salas de juego autorizadas operan bajo un marco normativo muy estricto en términos de tributación (se pagan tasas e impuestos específicos por su actividad), seguridad y control (obligación de controlar la identidad de los clientes, acceso a registros de prohibidos y estrictas medidas de seguridad) y supervisión con inspecciones periódicas.
El riesgo para el sector es que el «bingo social» opere en un entorno de menor carga regulatoria y fiscal, lo que crea una competencia desleal. El sector duda de que la Administración disponga de los recursos suficientes para inspeccionar todas las sesiones de bingo social y asegurar que realmente no exista ánimo de lucro oculto o que no se incumplan los límites de frecuencia y apuestas.
El impacto reputacional para el sector del juego privado, la legitimidad y la responsabilidad social son fundamentales. Por destacamos que existe un riesgo de normalización. La permisividad con el «bingo social» fuera de los entornos controlados podría diluir los mensajes de responsabilidad y seguridad que se exigen a los operadores profesionales.
Existe el temor de que cualquier incidente en un «bingo social» (como el acceso de menores, fraude o falta de control) termine impactando negativamente en la percepción pública de todo el sector del juego, incluyendo a las empresas que cumplen escrupulosamente con la normativa generando una imagen pública no deseada.
Por otra parte, el impacto hoy podría parecer limitado a residencias o centros de mayores, pero si la normativa es ambigua o se interpreta de manera laxa, existe el riesgo de que esta modalidad se extienda de forma exponencial fuera de los ámbitos previstos originalmente, afectando la rentabilidad de las salas tradicionales, lo que podría derivar en cierres, pérdida de empleo y menor inversión en el sector regulado.
En resumen, el mayor riesgo es la falta de igualdad de condiciones. Las salas autorizadas compiten en un mercado altamente regulado y con altos costes de explotación, y ven en esta excepción un posible foco de competencia desleal difícil de controlar que podría erosionar sus márgenes y dificultar su operativa a largo plazo.
Para evitarlo, serían necesarios mecanismos de control administrativo eficaces y proporcionales. Sin embargo, cabe cuestionar si la administración andaluza dispone actualmente de los recursos y la capacidad necesarios para garantizar una supervisión rigurosa.
