La batalla judicial por las pérdidas acumuladas en plataformas de juego online que operaron sin licencia en Alemania está ganando fuerza. Distintas resoluciones judiciales han respaldado el derecho de los usuarios a solicitar la devolución del dinero perdido durante los periodos en los que determinadas modalidades de juego no estaban legalmente autorizadas.
Uno de los casos destacados afecta a Tipico Games. Un jugador reclamó las pérdidas sufridas entre 2020 y 2022, por un importe aproximado de 10.000 euros. En septiembre de 2025, el Tribunal Regional Superior de Stuttgart falló a favor del demandante al considerar que las cantidades obtenidas por el operador carecían de base legal en las circunstancias del caso.
La empresa recurrió ante el Tribunal Federal de Justicia alemán, que durante una vista celebrada en septiembre de 2026 se mostró contrario a uno de los argumentos centrales de la compañía: los jugadores pueden tener derecho a recuperar sus pérdidas cuando el operador carecía de la licencia exigida por la legislación alemana. Según la información publicada, la resolución definitiva del procedimiento se espera para enero de 2027.
El contexto jurídico también se vio afectado por un pronunciamiento del TJUE en abril de 2026. El tribunal europeo señaló que el Derecho de la Unión no impide que los Estados miembros prohíban determinados servicios de juego ni que establezcan consecuencias civiles por el incumplimiento de sus normas nacionales. Por tanto, disponer de una licencia en otro país de la UE no garantiza que la actividad sea legal en todos los mercados comunitarios.
En Alemania, los casinos online y las slots estuvieron sujetos a una prohibición hasta 2021, aunque algunos operadores continuaron ofreciendo servicios amparándose en licencias extranjeras.
La evolución de estos litigios está generando nuevas oportunidades para los despachos especializados, que, según el abogado Thomas Dünchheim, están captando a jugadores que buscan reclamar pérdidas de cantidades importantes. Si esta tendencia se consolida, los operadores podrían afrontar una creciente exposición a reclamaciones relacionadas con su actividad anterior a la concesión de licencias nacionales.
