El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este miércoles que el Gobierno va a crear una subdirección general adscrita a la Dirección General de Consumo para el estudio, vigilancia, inspección, desarrollo y aplicación de la competencia sancionadora del Estado ante fraudes masivos.
En su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, Garzón ha recordado que la capacidad sancionadora del Gobierno entró en vigor el pasado 28 de mayo con el objetivo de regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras.
Ahora, además, Consumo podrá, “por primera vez en la historia de nuestro país, tener un instrumento que refuerza, mejora y amplía esta capacidad sancionadora y que evitará que se produzcan en España caso como el de Volkswagen”, ha enfatizado el ministro.
La creación de la nueva subdirección general se suma a otras medidas puestas en marcha por el Ministerio de Consumo para “modernizar” la normativa española y garantizar que las relaciones de consumo se desarrollan “en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad”.
Tras enumerar varios de los hitos logrados por el ministerio en los últimos meses –como la ampliación de la garantía legal de los bienes de consumo de dos a tres años, la aprobación de un nuevo Marco Estratégico de Consumo junto con las CC.AA. o el incremento en un 50% de la financiación del Sistema Arbitral de Consumo–, Garzón ha hecho hincapié en la futura Ley de Atención a la Clientela.
A su juicio, la norma, que estará aprobada previsiblemente en 2022, “supondrá un antes y un después en nuestro país”. Entre otras cuestiones, porque mejora los plazos de consulta y resolución de incidencias y limita a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y postventa.
En su intervención, el ministro también ha puesto el acento en la creciente sensibilización de las personas consumidoras por los impactos medioambientales de sus hábitos de vida. Es por esta razón por la que el Ministerio de Consumo ha elaborado, junto con el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre) de la Comisión Europea (CE), el estudio Sostenibilidad del Consumo en España.
Para el ministro, las conclusiones de este informe “obligan a apostar por una profunda transformación del sistema de producción y consumo” para revertir la situación de crisis climática que ya vivimos en la actualidad.
Más normativa y sensibilización contra los juegos de azar
Por otro lado, Garzón ha hecho balance de las políticas desarrolladas por su departamento en materia de juego y ha ensalzado que, “tras una década de inacción poniendo en riesgo la salud de toda una generación”, se haya dado respuesta a “una demanda social” como la de acabar con la práctica totalidad de la publicidad de apuestas y juegos de azar.
Además, ha adelantado la publicación de la primera convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego.
En línea con la regulación y la sensibilización en materia de juego, el ministro ha señalado otros dos hitos importantes de su departamento: la aprobación del Real Decreto de entornos más seguros de juego online para dotar a los jugadores de herramientas que impidan un consumo problemático, prevista para finales de año; y la regulación de las loot boxes o cajas botín, cuyo primer borrador saldrá a consulta pública en las próximas semanas.
Consumo creará una subdirección general para vigilar, inspeccionar y sancionar fraudes masivos y anuncia que el Real decreto de entorno de juego seguros estará para finales de año
| 23 de junio de 2022