Ramón Cubián, director general de Suelo y responsable de Juego de la Comunidad de Madrid, defendió durante el ExpoCongreso Luis Escribano la necesidad de reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas en la regulación y supervisión del juego presencial. Su intervención se centró en la realidad diferenciada de cada territorio y en la necesidad de mantener un marco que combine la protección de los colectivos vulnerables con el ejercicio de la actividad empresarial y del ocio.
Cubián subrayó que las comunidades autónomas presentan realidades económicas, sociales y empresariales diferentes, lo que explica también las diferencias existentes en el número de salones, máquinas y establecimientos de juego. En su opinión, estas particularidades deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar las políticas regulatorias, al tiempo que existen principios comunes relacionados con la libertad de empresa, la libertad individual y la protección de los usuarios.
En este contexto, el responsable madrileño destacó especialmente el trabajo de coordinación desarrollado durante los últimos meses por las administraciones autonómicas. Según explicó, las 17 comunidades autónomas participaron en una reunión celebrada el 14 de julio, con representantes tanto presenciales como por vía telemática, a partir de la cual se elaboró un documento conjunto. El texto, que incorporó aportaciones de diferentes territorios, fue finalmente firmado por las 17 comunidades y presentado ante la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y el Consejo de Políticas de Juego.
El documento plantea, según Cubián, la necesidad de mantener una coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas en materias como la protección de los colectivos vulnerables, la planificación y la ordenación del juego. También reclama que las distintas administraciones participen en el análisis de posibles nuevas formas de comercialización presencial.
Diferentes realidades territoriales
Durante su intervención, Cubián insistió en que la regulación del juego presencial debe considerar las particularidades de cada comunidad. El número de establecimientos, máquinas o modalidades presentes en cada territorio responde, a su juicio, a diferentes hábitos de ocio y circunstancias socioeconómicas.
Madrid, en este sentido, mantiene una posición concreta respecto a las máquinas instaladas en hostelería. Cubián aseguró que la Comunidad tiene la certeza de que no se autorizará la instalación de máquinas que no estén reguladas, trasladando así un mensaje de estabilidad al sector empresarial.
El director general también vinculó la seguridad y la protección de los usuarios con la propia estabilidad de la actividad. En relación con el acceso de menores a los establecimientos de juego, señaló que en la Comunidad de Madrid se había registrado un único caso de menor en establecimientos de juego durante los tres años anteriores a su intervención y ninguno en las denominadas zonas de especial protección próximas a centros educativos.
Un consenso entre las autonomías
Uno de los elementos destacados por Cubián fue precisamente el carácter transversal del acuerdo alcanzado entre las comunidades autónomas. El responsable madrileño remarcó que el documento fue elaborado por territorios con diferentes gobiernos y sensibilidades políticas, pero que el resultado se centró en cuestiones de coordinación institucional, protección y competencias autonómicas.
En este sentido, defendió que las comunidades deben mantener un papel protagonista en la aplicación de las políticas de juego dentro de sus respectivos territorios, especialmente en aquellas materias vinculadas al juego presencial y a la protección de los usuarios.
Cubián también hizo referencia al proceso de modificación de la Ley 13/2011 de regulación del juego y sostuvo que cualquier evolución normativa debería incorporar mecanismos de colaboración entre el Estado y las autonomías para garantizar la eficacia del sistema de protección.
Su intervención concluyó reivindicando un marco en el que las empresas puedan desarrollar sus estrategias dentro de un entorno regulado y de competencia, mientras las administraciones mantienen sus responsabilidades en materia de planificación, control y protección de los usuarios.
