El anteproyecto que sustituirá a la actual normativa de prevención del blanqueo de capitales introduce nuevas exigencias para el sector del juego, reforzando los controles sobre operadores, clientes y beneficiarios efectivos.
Entre las principales novedades destaca el refuerzo de los procedimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), así como la obligación de verificar la titularidad real y mantener una supervisión continuada de las relaciones y operaciones vinculadas al juego.
El texto también eleva las exigencias en materia de detección y comunicación de operaciones sospechosas. Las operaciones complejas, inusuales o sin una finalidad económica aparentemente justificada deberán ser examinadas y documentadas, mientras que los intentos de operación también podrán quedar sujetos a comunicación.
Otro de los aspectos relevantes para el juego será el incremento de las capacidades de supervisión e inspección de la futura autoridad antiblanqueo, que podrá acceder a documentación, sistemas informáticos y registros internos de los sujetos obligados.
El anteproyecto refuerza además la responsabilidad de los órganos de dirección y de los responsables de cumplimiento, exigiendo recursos humanos y tecnológicos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las medidas de prevención.
Las nuevas obligaciones afectarán a las distintas actividades del sector del juego sujetas a la normativa, aumentando la importancia de la trazabilidad, el control interno, la identificación de clientes y la documentación de las operaciones.
El anteproyecto se encuentra todavía en fase de tramitación. El periodo de audiencia pública está abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, por lo que el contenido podría experimentar modificaciones antes de su aprobación definitiva.
