El presidente del Grupo Juan Padrón, Manuel Padrón, ha reclamado una actuación urgente del Gobierno de Canarias para corregir, a su juicio, las deficiencias en la regulación del sector del juego. El empresario denuncia la falta de coordinación entre los departamentos autonómicos competentes y advierte de que las actuales interpretaciones normativas están generando inseguridad jurídica para las empresas operadoras.
Padrón sostiene que la Administración autonómica actúa de forma descoordinada en materias como juego, comercio y fiscalidad, lo que, según afirma, provoca retrasos administrativos, criterios contradictorios y situaciones de competencia desigual entre operadores. Entre las cuestiones que considera prioritarias figura la apertura de salones de juego próximos a centros educativos, la consideración de determinadas galerías comerciales como centros comerciales y la aplicación de las declaraciones responsables para la apertura de nuevos establecimientos.
El presidente del grupo recuerda que su compañía, con cerca de cinco décadas de trayectoria, desarrolla su actividad en casinos, bingos, salones de juego, máquinas recreativas y otros espacios de ocio, superando los 800 trabajadores. Asimismo, cifra entre 60 y 70 millones de euros anuales la aportación fiscal de sus empresas y considera que el peso económico del sector debería ir acompañado de una mayor eficacia administrativa.
En relación con el mercado de las máquinas recreativas, Padrón asegura que el final de la moratoria vigente hasta finales de 2023 propició un importante incremento de nuevas autorizaciones. Según explica, en apenas seis meses se tramitaron cerca de un centenar de licencias, principalmente en Gran Canaria y Tenerife, lo que, en su opinión, exige un mayor control por parte de la Administración para garantizar el cumplimiento de la planificación territorial.
El empresario también cuestiona la elevada fiscalidad que soporta el bingo tradicional, al considerar que favorece el desplazamiento de los jugadores hacia otras modalidades de juego. Defiende que la elección entre cartón físico o electrónico debe responder a las preferencias del cliente y no a diferencias tributarias que condicionen la viabilidad de cada modalidad.
Otro de los asuntos destacados por Padrón es la interpretación de la normativa sobre la distancia mínima entre salones de juego y centros educativos. El empresario considera que determinadas resoluciones judiciales han alterado la aplicación de este requisito y reclama una regulación clara que garantice la seguridad jurídica y la protección de los menores, recordando que los establecimientos del grupo cuentan con controles de acceso que impiden la entrada de personas menores de edad.
Finalmente, Manuel Padrón anuncia que tras el verano solicitará nuevas reuniones con responsables políticos para trasladar estas reivindicaciones y defender una mayor coordinación entre las distintas áreas de la Administración autonómica. A su juicio, la actualización de los criterios regulatorios resulta imprescindible para dotar de estabilidad al sector del juego en Canarias y garantizar unas condiciones homogéneas para todos los operadores.
