La distribución de 4,7 millones de dólares procedentes de los ingresos generados por las máquinas de juegos de azar ha generado controversia en Puerto Rico. La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reclamó este jueves mayor transparencia sobre los criterios utilizados para asignar los fondos a diez municipios, al considerar que el proceso carece de explicaciones claras y objetivas.
El presidente de la entidad, Jorge González Otero, expresó su preocupación por la ausencia de información sobre los parámetros empleados para determinar qué municipios recibirían las ayudas y cuáles quedarían excluidos.
Según González Otero, la resolución legislativa no especifica factores como la población, los niveles de pobreza, la situación fiscal de los ayuntamientos, el número de máquinas instaladas en cada localidad ni la aportación de cada municipio al fondo común generado por esta actividad.
La polémica se intensifica debido a que ninguno de los 41 municipios integrados en la Asociación de Alcaldes fue incluido entre los beneficiarios de los fondos aprobados. El dirigente municipal calificó este hecho como especialmente llamativo y reclamó una explicación detallada del proceso de asignación.
Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Verónica Rodríguez Irizarry, solicitó la publicación de un informe que detalle cuántas máquinas de juego operan en cada municipio, cuánto dinero generan y cuál es la contribución de cada localidad al fondo. A su juicio, esta información es esencial para evaluar si la distribución responde a criterios de equidad y objetividad.
De acuerdo con la resolución aprobada, municipios como Aguas Buenas, Yauco, Corozal, Aibonito, Barranquitas y Maunabo recibirán 450.000 dólares cada uno, mientras que Cidra y Orocovis obtendrán 300.000 dólares. Las mayores asignaciones corresponden a Guayanilla y Las Marías, con 714.000 dólares cada uno.
El alcalde de Aguada y secretario de la Junta de la Asociación de Alcaldes, Christian Cortés Feliciano, también criticó la distribución al señalar que ningún municipio de la región oeste fue incluido entre los beneficiarios.
La controversia abre un nuevo debate sobre la gestión y reparto de los recursos generados por la industria del juego en Puerto Rico, mientras los alcaldes exigen mayor transparencia y criterios claramente definidos para futuras asignaciones.
