El Parlamento de Georgia está acelerando la tramitación de una reforma legislativa destinada a convertir al país en un centro internacional para operadores de juego online, mediante un régimen fiscal diferenciado orientado a empresas que operen exclusivamente en mercados extranjeros.
El proyecto contempla la creación de un marco específico para operadores dirigidos a clientes internacionales, que tributarían con un impuesto sobre los ingresos brutos del juego (GGR) del 5%, muy por debajo del 20% que actualmente soportan los casinos orientados al mercado nacional.
Además, el nuevo régimen incluiría licencias con una vigencia de cinco años, una tasa anual de aproximadamente 33.000 euros y la obligación de operar bajo un único dominio autorizado.
La propuesta sigue una estrategia similar a la desarrollada durante años por jurisdicciones como Gibraltar y Malta, que lograron atraer a numerosos operadores internacionales gracias a marcos regulatorios específicos y competitivos. Sin embargo, el modelo georgiano introduce una diferencia clave: las ventajas fiscales quedarían reservadas a las empresas que no ofrezcan sus servicios a ciudadanos georgianos.
Precisamente, uno de los principales interrogantes del proyecto se centra en los mecanismos de control y cumplimiento. Aunque el borrador contempla sanciones para los operadores que incumplan las condiciones de licencia o las obligaciones de pago, todavía no define de forma detallada cómo deberán acreditar que ningún residente georgiano ha accedido a sus plataformas.
Esta cuestión será determinante para la viabilidad del nuevo modelo, ya que el éxito de la iniciativa dependerá tanto de su atractivo para los operadores internacionales como de la capacidad de las autoridades para supervisar eficazmente el cumplimiento de las restricciones de acceso al mercado local.
Si finalmente se aprueba en los términos actuales, Georgia podría posicionarse como una nueva jurisdicción de referencia para el juego online internacional, en un contexto de creciente competencia entre países por atraer inversión tecnológica y operadores regulados.
