El sector presencial del juego en Rumanía atraviesa uno de sus momentos más delicados después de que el número de máquinas de juego instaladas en el país haya caído de 80.000 a 36.000 unidades en apenas dos años, según fuentes de operadores locales.
Desde la industria advierten incluso de que la cifra podría reducirse hasta entre 15.000 y 20.000 máquinas antes de finalizar el año, en un escenario marcado por el aumento de la presión política, fiscal y regulatoria sobre el sector.
El endurecimiento comenzó en 2024, cuando el Gobierno rumano prohibió las salas de máquinas de juego en municipios de menos de 15.000 habitantes e introdujo nuevas restricciones de zonificación y publicidad. Posteriormente, en 2025, se aprobaron nuevos incrementos fiscales que elevaron la carga impositiva sobre el juego online y presencial hasta el 27% y el 23% del GGR respectivamente, además de aumentar en 1.000 euros las tasas anuales por máquina.
Sin embargo, el movimiento más relevante llegó en febrero de 2026, cuando el Ejecutivo transfirió a las autoridades locales la capacidad de conceder o bloquear licencias de juego, permitiendo a los ayuntamientos prohibir completamente la actividad o imponer nuevas restricciones y gravámenes municipales.
Tras esta medida, ciudades como Slatina, Brăila, Ploiești e Iași comenzaron a preparar prohibiciones sobre los salones de juego, mientras que Constanza y el Distrito 3 de Bucarest estudian medidas similares.
El contexto refleja el creciente rechazo político y social hacia el juego presencial en determinadas zonas del país, generando incertidumbre sobre el futuro de uno de los mercados históricamente más importantes de Europa del Este para la industria de las máquinas recreativas.
