Durante su intervención en el Congreso de la ANESAR, Ramón Cubián, director general de Suelo y delegado de gestión y ordenación del juego de la Comunidad de Madrid ha defendido con firmeza el actual modelo de distribución competencial en materia de juego en España, subrayando que el juego presencial es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que estas no deben ceder atribuciones al ámbito estatal.
En su intervención, ha destacado la importancia de la seguridad jurídica no solo como un marco normativo, sino también como un conjunto de principios que garantizan la claridad institucional y la estabilidad del sector. En este sentido, ha defendido la existencia de una relación “institucionalmente cordial” con la Dirección General de Ordenación del Juego, aunque ha señalado la existencia de diferencias de criterio entre ambas administraciones.
El representante autonómico ha apuntado que dichas discrepancias no responden únicamente a cuestiones técnicas, sino también a enfoques políticos distintos sobre la regulación del sector. Asimismo, ha subrayado que la coordinación entre administraciones debe respetar los ámbitos competenciales de cada nivel de gobierno, especialmente entre el juego presencial autonómico y el juego online de ámbito estatal.
Durante su intervención, ha defendido la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección de los colectivos vulnerables y la libertad de empresa, argumentando que la regulación debe centrarse en la gestión del riesgo y no en la percepción de daño inherente de la actividad.
En este contexto, ha cuestionado el enfoque de determinadas iniciativas institucionales y mesas de debate, señalando su desacuerdo con enfoques que, a su juicio, parten de una visión excesivamente negativa del sector. Ha defendido que el papel del regulador debe orientarse a garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo, sin trasladar una valoración moral sobre la actividad sectorial.
Cubián ha comparado este enfoque con la regulación de otras actividades de riesgo, como la conducción, donde la normativa establece límites y obligaciones sin cuestionar la legitimidad de la actividad en sí misma.
Por último, ha defendido que el debate regulatorio debe basarse en criterios de neutralidad institucional, seguridad jurídica y respeto a la libertad de empresa, en un contexto de creciente complejidad regulatoria y debate público sobre el sector del juego en España.
