La Sentencia n.º 412/2026 del Tribunal Supremo, dictada el pasado 7 de abril, marca un precedente relevante para el sector del juego en Cantabria al confirmar la exención del pago de tasas cuando la actividad no pudo desarrollarse por causas ajenas al operador.
El Alto Tribunal ratifica así el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y desestima el recurso presentado por el Gobierno autonómico. La resolución se apoya en la normativa específica de la comunidad, que vincula el pago de tasas al ejercicio efectivo de la actividad.
Entre los elementos clave del pronunciamiento destacan la aplicación del Decreto Legislativo 62/2008 y de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 1992, así como la interpretación de que el cierre obligado durante la pandemia elimina el hecho imponible.
Asimismo, el Supremo cuestiona la actuación procesal de la Abogacía del Estado, al considerar que no tuvo en cuenta adecuadamente el marco normativo propio de Cantabria.
La sentencia refuerza la importancia de la legislación autonómica en la regulación del sector y sienta un criterio relevante para situaciones excepcionales como las derivadas de la crisis sanitaria.
