El marco regulatorio del juego en Bélgica afronta un proceso de revisión tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional que cuestiona la aplicación desigual de las medidas de protección al jugador.
Aunque la resolución no anula el sistema vigente, sí pone de relieve inconsistencias relevantes, especialmente en torno al uso del registro de autoexclusión EPIS. Este mecanismo obliga a los operadores con licencia a verificar si un usuario está inhabilitado antes de permitirle jugar, pero su aplicación no es uniforme en todos los entornos.
Uno de los principales focos señalados por el tribunal son los bares, donde las máquinas recreativas han operado sin la obligación de consultar este registro. Esta excepción ha sido considerada una laguna legal que permite a personas autoexcluidas acceder al juego sin restricciones efectivas. La exención ha sido anulada, aunque el legislador dispone hasta finales de 2027 para adaptar la normativa.
El fallo también aborda el tratamiento diferenciado de los productos de lotería online gestionados por la Lotería Nacional. El tribunal considera que no existe una justificación sólida para excluirlos de los mismos controles aplicables a otros juegos digitales, especialmente teniendo en cuenta riesgos similares.
En este sentido, se prevé que la futura regulación incorpore la verificación obligatoria en el registro de exclusión y establezca una edad mínima de participación de 21 años para estos productos. Este ajuste normativo podría implementarse antes de que finalice el año.
La decisión se suma a advertencias previas del propio tribunal, que ya en 2022 había señalado la necesidad de ampliar las medidas de protección, incluyendo aspectos como la publicidad.
El conjunto de resoluciones apunta hacia una mayor homogeneización del marco regulador, reduciendo las diferencias entre operadores públicos y privados y reforzando el enfoque en la protección del jugador.
Por su parte, la Lotería Nacional ha mostrado su disposición a colaborar en la adaptación del marco legal, aunque el alcance de los cambios exigidos anticipa un refuerzo significativo de los mecanismos de control en todo el sector.
