La aplicación de la Ley del Juego de 2020, impulsada por el anterior Gobierno del Botànic, habría tenido un impacto significativo sobre el mapa del juego en la Comunitat Valenciana. Según estimaciones del sector, la exigencia de una distancia mínima de 850 metros respecto a centros educativos podría haber provocado el cierre de hasta el 75% de los locales existentes si no se hubieran introducido cambios posteriores en la normativa.
Sin embargo, tras la modificación legislativa impulsada por el actual Consell, formado por Partido Popular y Vox, el impacto real ha sido más limitado. En concreto, se han renovado las licencias de 21 salones de juego que, bajo la normativa anterior, habrían tenido que cesar su actividad por incumplir la distancia mínima.
En total, de los 29 locales cuyas autorizaciones se han ampliado en los últimos dos años, aproximadamente tres de cada cuatro se encontraban en riesgo de cierre por este motivo.
Cabe recordar que la regulación del Botànic contemplaba una moratoria para los salones ya en funcionamiento, por lo que el cierre no era inmediato, sino que se produciría progresivamente al vencimiento de las licencias administrativas.
Este ajuste normativo ha permitido mantener la actividad de parte del sector, reabriendo al mismo tiempo el debate sobre el equilibrio entre protección de menores y viabilidad empresarial en el ámbito del juego presencial.
