Un fallo en la aplicación de la normativa sobre distancias mínimas entre centros educativos y salones de juego ha derivado en una condena judicial contra el Gobierno de La Rioja, que deberá abonar 76.000 euros a un salón de juego de Logroño tras haberle denegado la licencia de apertura.
El origen del conflicto radica en la forma en que se realizó la medición de los 200 metros exigidos por la normativa. La Administración tomó como referencia el vallado del centro educativo más cercano, mientras que la interpretación correcta —según determinó la Justicia— debía realizarse desde la fachada del edificio. Esta diferencia resultó determinante para la concesión de la licencia.
El caso, que se ha prolongado durante años en los tribunales, pone de manifiesto la importancia de aplicar con precisión los criterios técnicos en la regulación del juego, especialmente en aspectos sensibles como la protección de menores y la ubicación de establecimientos.
La sentencia no solo obliga al pago de la indemnización, sino que también sienta un precedente sobre cómo deben realizarse este tipo de mediciones.
