El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha emitido un dictamen favorable sobre el proyecto de decreto impulsado por el Gobierno autonómico para modificar la regulación del juego del bingo y el catálogo de juegos y apuestas, aunque incorpora observaciones relevantes sobre el impacto social y las garantías de juego responsable.
La propuesta normativa plantea modernizar el marco regulatorio e introducir nuevas modalidades electrónicas, entre ellas el bingo electrónico de sala, además de redefinir aspectos técnicos del funcionamiento de las partidas y actualizar anexos relacionados con premios y dotaciones.
Objetivo: modernización y captación de nuevos clientes
Según la memoria de análisis de impacto normativo recogida en el expediente, la reforma busca adaptar la oferta a las nuevas tecnologías y captar nuevos perfiles de clientes, incluyendo aquellos más familiarizados con entornos digitales. Asimismo, se destaca que la interconexión de salas permitiría ofrecer premios más elevados, haciendo el producto más atractivo.
Advertencias sobre impacto en jóvenes y familias
Sin embargo, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia cuestiona la insuficiencia del análisis de impacto social, especialmente en lo relativo a jóvenes y entorno familiar.
El órgano consultivo considera contradictorio que la memoria afirme un impacto nulo sobre infancia y familia, cuando al mismo tiempo reconoce que la reforma pretende atraer a usuarios adaptados a nuevas tecnologías, un perfil en el que “sin duda” pueden encontrarse personas más jóvenes.
Además, advierte de que la introducción de estas modalidades podría incrementar los riesgos de adicción al juego, incluyendo posibles trastornos como la ludopatía.
Dudas sobre juego responsable y control de acceso
El dictamen también señala carencias en aspectos clave como:
El principio de juego responsable.
Los mecanismos de control de acceso para personas inscritas en registros de prohibición.
La evaluación real del impacto social de la medida.
A pesar de estas observaciones, el informe no bloquea la tramitación del decreto, aunque deja constancia de la necesidad de reforzar el expediente y mejorar las garantías antes de su aprobación definitiva.
El proceso refleja el equilibrio entre la modernización del sector del juego y la protección de los colectivos más vulnerables, un debate cada vez más presente en la regulación autonómica en España.
