El mercado peruano de juegos y apuestas online atraviesa una de las transformaciones regulatorias más profundas de la región, con efectos directos en la formalización, la trazabilidad del dinero y la supervisión del sistema financiero.
Un reciente estudio elaborado por Apuesta Legal, a partir de datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), identifica que entre 2007 y 2018 las operaciones sospechosas vinculadas a juegos y apuestas ilegales sumaron aproximadamente US$ 216 millones (S/ 728,6 millones), en el último periodo para el cual el Estado peruano publicó una serie consolidada.
Ese tramo histórico corresponde a lo que las autoridades han denominado la “época gris” del sector, cuando la mayoría de plataformas operaba fuera de un marco normativo específico y con capacidad limitada de fiscalización.
La magnitud de estos montos se vuelve más clara al compararlos con otras actividades ilícitas monitoreadas por el sistema financiero. En un periodo de diez años comparable en extensión (2014–2024), la extracción ilegal de madera acumuló US$ 136 millones, mientras que el tráfico de flora y fauna silvestre alcanzó US$ 5 millones en reportes enviados a la UIF. Incluso antes del auge digital, las apuestas ilegales ya superaban ampliamente a los delitos ambientales como canal de lavado de activos.
Del diagnóstico a la formalización: impacto fiscal y mayor trazabilidad
El escenario comenzó a cambiar con la explosión de las apuestas online y la respuesta institucional del Estado. En el 2022, a partir de la Ley N.º 31557, Perú inició un proceso acelerado de formalización que permitió transformar flujos antes opacos en dinero plenamente trazable.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre enero y noviembre de 2025 la recaudación por impuestos a juegos y apuestas a distancia alcanzó S/ 419,5 millones (aprox. US$ 112 millones). Solo el segmento de juegos digitales aportó S/ 91,4 millones en ese periodo, reflejando el impacto fiscal directo de la regulación del mercado online.
Este cambio también fortaleció la capacidad de supervisión del sistema financiero. Aunque la serie histórica detallada de operaciones sospechosas no fue actualizada bajo el mismo formato que la de 2007–2018, la UIF reportó un salto récord en el volumen de alertas. A agosto de 2024, la UIF ya había recibido 16.306 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nivel general, impulsados en gran parte por la incorporación de nuevos sujetos obligados, entre ellos las casas de apuestas online y los operadores de activos virtuales.
Nuevas reglas y control en tiempo real
El avance decisivo se consolidó en octubre de 2025, con la publicación de la Resolución SBS Nº 03622-2025, que estableció un marco específico de prevención de lavado de activos para el sector de apuestas online y endureció los mecanismos de control:
• Umbral de reporte: obligación de informar a la UIF cualquier operación, depósito o premio superior a US$ 2.500 (aprox. S/ 8.900).
• Plazo de alerta: envío de ROS en un máximo de 24 horas.
• Fiscalización directa: el MINCETUR pasó a contar con poder sancionador para verificar el cumplimiento de los protocolos antilavado.
Para mayo de 2025, el Estado ya había autorizado 60 plataformas bajo el nuevo marco legal, lo que permite que el 100% de sus transacciones sea auditable, en contraste con el periodo 2007–2018, cuando una parte importante del mercado operaba fuera del radar oficial.
De un momento opaco a un modelo de control estructural
El estudio concluye que el caso peruano muestra una transición clara: de un escenario dominado por operaciones sospechosas difíciles de rastrear, a un modelo basado en formalización, trazabilidad y fiscalización activa.
En ese sentido, los datos históricos conservan valor no como fotografía del presente, sino como evidencia del riesgo estructural que llevó al Estado a rediseñar por completo su estrategia frente al lavado de activos en el sector de apuestas. Este caso puede servir como referencia para los países de la región que aún no han implementado un marco regulatorio integral para el iGaming, al evidenciar cómo la formalización eleva la capacidad de control, reduce la opacidad y fortalece la supervisión del mercado.
