El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado su nueva Política de Seguridad de la Información, un marco normativo que unifica criterios y establece responsabilidades claras para la gestión de la información dentro de la Administración Electrónica. La medida se enmarca en la normativa vigente, incluyendo la Ley 40/2015, la Ley 39/2015 y el Real Decreto 311/2022, que regulan la interoperabilidad, protección de datos y seguridad en medios electrónicos.
Entre las novedades, la División de Control de Juego Seguro adquiere un papel institucional relevante, con su responsable incorporado al Comité de Seguridad de la Información como vocal con voz y voto. Esto refuerza su participación en la definición de normas técnicas, la validación de planes de seguridad y la gestión de incidentes que puedan afectar a sistemas con información sensible del sector del juego.
La nueva política establece que todos los empleados públicos, empresas contratadas y entidades colaboradoras vinculadas al control del juego deberán cumplir las directrices establecidas, asegurando la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información, así como la protección de datos personales.
Con esta iniciativa, el Ministerio busca garantizar un entorno seguro y coordinado en la gestión de la información, reforzando la protección frente a riesgos, ataques y acciones ilícitas en el ámbito de la Administración Electrónica y del sector del juego.
