Finlandia promulga su nueva Ley del Juego con un modelo de doble licencia y mayores protecciones al jugador

| 23 de enero de 2026

La Ley de Juego de Finlandia ha sido oficialmente promulgada tras la firma del presidente Alexander Stubb el 16 de enero, finalizando un proceso legislativo que reestructura el marco regulatorio del sector de los juegos de azar en el país. La legislación establece un conjunto completo de reglas que regulan las actividades de juego, su supervisión y los regímenes de licencias asociados, con el objetivo declarado de proteger a los jugadores, prevenir delitos y reducir los daños relacionados con el actividad.

La ley se aplica a los juegos realizados dentro de Finlandia o dirigidos al país, con algunas exenciones para juegos sociales privados y ciertos contextos marítimos y de aviación.

Modelo de doble licencia
Licencias exclusivas: Hasta un máximo de dos, reservadas para compañías de responsabilidad limitada controladas por el Estado, cubriendo loterías, apuestas, máquinas y casinos.

Licencias abiertas: Pueden otorgarse a operadores privados para categorías como apuestas con cuotas fijas y variables, juegos electrónicos, apuestas virtuales y máquinas electrónicas.

Los desarrolladores de software de juegos deben obtener licencias separadas, con estrictas prohibiciones sobre el uso o distribución de software sin licencia.

Para proteger al jugador habrá un registro obligatorio, verificación de identidad y uso de cuentas personales. Controles de residencia para restringir el acceso a residentes permanentes. Establecimiento de límites de transferencia diarios y mensuales. Herramientas de autoexclusión para bloqueo inmediato o prolongado. Prohibiciones amplias sobre juegos basados en créditos, juegos gratuitos y descuentos agresivos y regulación estricta de juegos de bonificación.

La autoridad encargada será una Autoridad Nacional de Supervisión, con amplios poderes para inspeccionar, imponer multas (hasta el 4% de la facturación o 5 millones de euros), ordenar la eliminación de contenido ilegal y multar a individuos (entre 3.000 y 40.000 euros).