La Junta de Castilla y León ha anunciado una modificación en la normativa que regula las máquinas recreativas tipo B, de nueva generación, con el objetivo de adaptarse a la evolución del sector y a su retroceso en la región.
Reducción de requisitos para la explotación de máquinas con servidor central
Hasta ahora, era obligatorio contar con al menos 1.536 máquinas conectadas a un sistema con servidor. La nueva orden reduce este umbral a 966 máquinas, aproximadamente un 37% menos, en respuesta a la disminución del parque de máquinas en la comunidad.
Aplazamiento en los plazos de integración
Se amplía el plazo para que los operadores integren sus máquinas en el sistema central. Antes, tenían un máximo de tres años para completar el proceso, con un 50% en el primer año.
La nueva regulación permite extender este proceso a cuatro años, dividiendo la integración en tramos anuales del 25%, facilitando una adaptación más gradual y reduciendo la presión financiera sobre los operadores.
Reducción del porcentaje de máquinas que las empresas deben aportar al sistema
La normativa vigente exigía la integración del 100% del parque de máquinas.
La modificación rebaja esta obligación al 63%, permitiendo mayor flexibilidad para las empresas y evitando una concentración forzosa.
Además, las empresas que ya estaban integradas podrán mantener ese porcentaje sin tener que dar de baja las máquinas que permanecen activas en el mercado durante al menos un año.
Castilla y León ha visto reducir su parque de máquinas recreativas en bares de casi 13,000 en 2016 a aproximadamente 8,250 en la actualidad, un descenso de cerca del 30% en una década. Este retroceso está motivado por la competencia de las apuestas online y la migración de los jugadores hacia salones de juego.
La Junta no modifica límites de premios, requisitos de distancia con centros educativos, prohibiciones ni mecanismos de inspección.
La reforma busca garantizar la sostenibilidad del sector sin comprometer la supervisión y control existentes.
