Reino Unido se lo deja claro a Gibraltar: se incrementará el impuesto al juego online

| 2 de enero de 2026

El gobierno del Reino Unido ha confirmado que continuará con la implementación del incremento del impuesto sobre el juego online, a pesar de las advertencias y gestiones del Gobierno de Gibraltar, liderado por Nigel Feetham. Esta medida, todavía en proceso parlamentario, prevé una subida del 21% al 40% a partir de 2026 y un endurecimiento de la fiscalidad en 2027, lo que amenaza la economía del Peñón y cerca de 3.500 empleos en el sector, muchos de los cuales corresponden a españoles.

El Ministerio de Hacienda británico ha rechazado reconsiderar su decisión, indicando que la subida forma parte de un paquete fiscal destinado a recaudar más de mil millones de libras anuales, fondos que se utilizarán, entre otros fines, para eliminar el límite de dos hijos en la prestación por hijo a cargo a partir de abril. A pesar de los esfuerzos de Feetham, quien solicitó modificar el Proyecto de Ley de Finanzas para mitigar los efectos económicos, la propuesta no prosperó. Desde el Tesoro, el secretario Dan Tomlinson expresó disposición a mantener diálogo con Gibraltar, aunque reiteró que no se revertirá la medida.

El gobierno británico asegura que mantendrá el método actual de cálculo tributario sobre el juego remoto y las apuestas, y colaborará con el sector para facilitar orientaciones y reducir cargas administrativas. Además, destinará 26 millones de libras adicionales en los próximos tres años a la Comisión del Juego para reforzar la supervisión y combatir el mercado ilegal, que podría verse beneficiado por las nuevas políticas si parte de la actividad se traslada a operadores ilícitos.

Tomlinson reconoció la información y preocupaciones del Gobierno de Gibraltar sobre el impacto de estas reformas en la competitividad y empleo, especialmente en las empresas más pequeñas y con mayor apalancamiento. La estrategia apunta a fortalecer el mercado regulado y garantizar su sostenibilidad, mientras que Gibraltar continúa recopilando datos y manteniendo abierto el diálogo para afrontar los desafíos tecnológicos y de protección al consumidor en un entorno de creciente competencia y regulación internacional.