Tras un año marcado por ajustes regulatorios, dinámicas políticas cambiantes y desafíos operativos, el mercado chileno de juegos de azar en línea enfrenta un momento crítico para definir su futuro. Hoy en día, el 83% de la actividad de apuestas continúa operando de forma irregular tras un fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, expertos del sector sugieren que lo que inicialmente parecía una serie de contratiempos podría, de hecho, sentar las bases para la formalización en 2026. “Todo apunta a que 2026 será el año en que finalmente se apruebe la legislación”, afirma Andre Boesing, gerente general para Latinoamérica Sur de OKTO.
“Existe un amplio consenso en que regular los métodos de pago es esencial para reducir el mercado ilegal y permitir una industria confiable y competitiva. Esto, a su vez, podría impulsar una importante inversión internacional y posicionar a Chile como una de las jurisdicciones de juego más sólidas de Latinoamérica”. La industria comenzó 2025 con la presentación del Proyecto de Ley de Juegos de Azar en Línea y finalizó el año con la propuesta devuelta al Congreso para su posterior revisión. Si bien este retraso ha sido un desafío para los operadores y el ecosistema en general, el debate prolongado también generó espacio para reevaluar cómo debería ser un marco regulatorio funcional y justo, especialmente en un mercado influenciado desde hace tiempo por actores extranjeros.
A medida que evolucionaban los debates, se intensificaron las preocupaciones en torno a los niveles propuestos de impuestos a los Ingresos Brutos del Juego (GGR), que oscilan entre el 20 % y el 38 %, y muchos analistas advirtieron que unas tasas excesivamente altas podrían fortalecer involuntariamente a los operadores ilegales en lugar de frenarlos. Las discrepancias entre las proyecciones de ingresos del gobierno y del sector privado subrayaron aún más la necesidad de un modelo regulatorio equilibrado y realista. Un punto de inflexión clave se produjo cuando la Corte Suprema ordenó el bloqueo de 12 plataformas ilegales.
Boesing explica: «Las empresas de telecomunicaciones cumplieron de inmediato, pero los operadores eludieron rápidamente los bloqueos mediante cambios de dominio y redirecciones. Demostró la debilidad de depender únicamente del bloqueo de sitios web y reforzó la urgencia de regular los flujos financieros en lugar de las URL». Según el gerente general de la compañía para Latinoamérica Sur, la regulación de pagos se ha convertido en la clave para formalizar la industria y liberar el potencial del mercado de apuestas como fuente de ingresos, empleo y crecimiento económico para Chile.
“Si cambiamos la forma de jugar, todos ganan”, concluye Boesing. “Con la nueva legislación que exige que todos los actores se adhieran a los mismos estándares, incluyendo sólidos procesos KYC, sistemas antilavado de dinero y una mayor trazabilidad, los proveedores de apuestas también tendrán la oportunidad de convertir cada pago en una experiencia más fluida y personalizada que impulse la fidelización y la satisfacción del cliente”.
OKTO enfatiza su rol como socio colaborador para todos los actores del ecosistema, apoyando a los reguladores con experiencia comprobada en arquitecturas de pago que cumplen con las normas y ayudan a reducir la actividad ilegal, a la vez que empodera a los comerciantes y operadores con soluciones que mejoran la experiencia del usuario, aumentan la conversión y se alinean con los requisitos regulatorios en constante evolución. Este rol equilibrado posiciona a la compañía para ayudar a Chile a avanzar hacia un marco de juego en línea regulado, justo y preparado para el futuro, sin favorecer a actores que optan por permanecer al margen de la ley. Si 2025 expuso las debilidades del mercado del juego en Chile, 2026 podría ser el año en que el país finalmente reorganice sus estrategias y juegue a ganar.
Con una legislación bien pensada y una regulación de pagos moderna, el país tiene una oportunidad única de transformar los desafíos en valor a largo plazo, creando un mercado más seguro y competitivo para consumidores, operadores, inversionistas y el Estado.
