El consejero de Educación de la Región de Murcia, Víctor Marín, ha expresado su oposición a realizar cambios normativos en relación con las distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos en este momento. Debate en la Asamblea Regional.
Marín considera que introducir cambios normativos ahora podría generar «inseguridad jurídica», especialmente mientras se espera una resolución judicial sobre la proporcionalidad de las restricciones de distancia, tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El diputado José Luis Álvarez-Castellanos del Grupo Mixto ha solicitado modificar los reglamentos autonómicos de juego para establecer nuevas distancias mínimas, recordando que la Asamblea aprobó una moción casi por unanimidad en este sentido. Álvarez-Castellanos argumentó que las condiciones aplicables deben ser las vigentes al momento de la renovación de licencias.
Marín ha reafirmado que el juego es una actividad legal y que corresponde a las comunidades autónomas regular su desarrollo. Ha enfatizado la necesidad de mantener «firmeza» en la protección y «seguridad jurídica» sin caer en «improvisaciones». El consejero enumeró varias medidas ya implementadas, incluyendo prohibición de nuevas autorizaciones para salones de juego y bingos desde septiembre de 2018, las bajas de máquinas tipo B son definitivas, las apuestas solo pueden realizarse en locales específicos, sin máquinas de apuestas en bares o cafeterías existen recursos de prohibición de acceso a menores y personas autoexcluidas y se lleva a cabo un plan de inspección que ha realizado más de 1.500 actuaciones en el año.
Marín destacó el Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que prioriza la ludopatía y actúa en centros educativos con programas reconocidos a nivel europeo. También mencionó que el crecimiento de la ludopatía entre jóvenes se está produciendo principalmente en el juego online.
El Gobierno autonómico está tramitando decretos para reforzar el control de accesos, eliminar publicidad en fachadas y mejorar los registros de personas prohibidas.
El TJUE ha reconocido que las restricciones de distancia pueden justificarse por interés público, pero ha dejado la decisión sobre su proporcionalidad pendiente de resolución judicial, lo que refuerza la postura del consejero de no apresurarse en la reforma.
