La Ley de Atención a la Clientela afronta esta semana su último examen en el Congreso antes de ir al Senado

| 10 de noviembre de 2025

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que está a punto de completar su último trámite en el Congreso antes de ser enviada al Senado, introduce importantes cambios en la atención al cliente en España. Esta legislación obligará a grandes empresas con más de 250 trabajadores, que facturan más de 50 millones de euros o que prestan servicios de interés general, a ofrecer atención al cliente en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas donde operan. Esto busca garantizar que los consumidores puedan comunicarse en su lengua preferida, promoviendo así la diversidad lingüística y cultural del país.

Además, el proyecto establece que el 90% de las llamadas a estas empresas deben ser atendidas en menos de tres minutos, y prohíbe el uso exclusivo de sistemas automatizados para la atención al cliente, lo que podría mejorar la experiencia del usuario y reducir la frustración asociada a la atención telefónica.

A pesar de que Junts ha anunciado un bloqueo a la actividad legislativa del Gobierno, han manifestado su apoyo a esta norma debido a un acuerdo previo.

La ley también incluye novedades en el ámbito de los juegos de apuestas, como la inclusión de la figura del ‘influencer’ en la legislación sobre juego. Esto significa que las personas de relevancia pública que promuevan juegos de apuestas deberán cumplir con regulaciones específicas. Además, se establece que solo los clientes con cuentas de juego abiertas durante al menos 30 días y verificados documentalmente podrán acceder a promociones.

Otro aspecto relevante es que los operadores de juego solo podrán aceptar medios de pago nominativos y deberán mantener cuentas corrientes separadas para los fondos de los jugadores, asegurando así una gestión más transparente y segura de los depósitos y premios.

Por último, la ley contempla la creación de un registro de proveedores de juego, que permitirá supervisar a las entidades que ofrecen servicios o componentes técnicos a los operadores de juego, garantizando que solo aquellos con licencia puedan operar en territorio español. También se prohíben las llamadas spam realizadas con números de teléfono ficticios, lo que busca proteger a los consumidores de prácticas comerciales engañosas.