La hipocresía política que utiliza el ministerio de Consumo respecto al juego privado en relación con el público es escandalosa, de una doble moral indecente en su tratamiento. Esto es una constante que se viene repitiendo en éste y anteriores gobiernos encabezados por un único presidente que otorga la cartera que se ocupa del juego a los representantes más radicales de su coalición cuya filiación extrema es de todos conocida.
El tema es recurrente y su planteamiento cansa porque ni las críticas vertidas, ni los análisis objetivos que se hacen, y desmontan las tesis demonizadoras objeto de flagrante manipulación, logran el menor impacto en una esfera política trufada de prejuicios y que enfoca la actividad del juego privado desde una óptica grosera y descalificadora.
El asunto afloró en el último Congreso de Castilla y León. Y suele quedarse, como es proverbial en éstos casos, en una denuncia estéril dada la posición irreductible de una cierta clase política, ignara en grado sumo y desprovista de una preparación básica para gobernar, que hace del juego privado blanco fácil de sus obsesiones patológicas. Y piedra de escándalo para que se sumen al aquelarre las terminales ciudadanas y mediáticas adictas a la causa que están prestas a magnificar cualquier incidente que se produzca dentro del sector, privado por supuesto.
En ámbitos políticos previamente identificados el odio al juego privado se exterioriza sin recato alguno. No hay conmiseración hacia el sector, ni el menor atisbo de objetividad al enjuiciar la función empresarial. Sin embargo los otros, los de los desafueros publicitarios que venden Loterías y ONCE en todo momento, medio y lugar, sin control y haciendo lo que les sale de los pelendengues a ésos ni tocarlos.
La cuestión me irrita en demasía y me subleva hasta la taquicardia. Por eso sólo me queda el recurso de enviar a tomar viento, y que les den, a ése puñado de hipócritas cuyo sitio no es otro que la cola del paro. Por indoctos y cínicos.
