La propuesta de un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 50% para el sector del juego en México ha generado un intenso debate entre los operadores de casinos y las autoridades fiscales. Los operadores advierten que este alto gravamen podría tener consecuencias negativas, como el impulso hacia mercados no regulados y la reducción de la recaudación fiscal, lo que contradice los objetivos del gobierno de aumentar los ingresos y regular el sector.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) justifica la medida al señalar que alinearía la tributación del juego en México con estándares internacionales y financiaría programas de salud pública. Sin embargo, la industria del juego argumenta que la carga tributaria excesiva podría debilitar a los operadores legales y fortalecer el juego ilegal, que ya representa alrededor del 60% del mercado online en el país.
Además, se destaca que la comparación de las tasas impositivas con otros países es problemática, ya que cada nación tiene diferentes estructuras fiscales y bases imponibles. Expertos fiscales advierten que la falta de distinción entre operadores legales e ilegales podría incentivar la informalidad y penalizar a quienes cumplen con la regulación.
La discusión sobre esta propuesta se llevará a cabo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de ser aprobada, entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Los representantes de la industria piden una revisión de la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 antes de implementar nuevos impuestos, sugiriendo que una regulación moderna es crucial para abordar los problemas históricos del sector.
En resumen, la propuesta de un impuesto del 50% plantea un dilema entre la necesidad de aumentar la recaudación fiscal y la sostenibilidad del sector del juego regulado, con el riesgo de empujar a los jugadores hacia plataformas no reguladas.
