El Gobierno balear está en proceso de modificar la Ley del Juego, texto que data de 2014. Pero lo hace bajo el amparo de la desinformación y sin ningún análisis sobre las variables económicas del sector. La Consejería que actualmente preside Juan Pedro Yllanes lleva 9 años sin publicar una Memoria del Juego. La última fue del 2013. El texto que se está preparando se antoja muy restrictivo. ¿A qué obedecen tales restricciones si se desconoce la realidad de la industria?. Pues únicamente a esa bizquera hacia el juego por motivos ideológicos.
El objetivo del Ejecutivo balear es no conceder más licencias a los locales y desincentivar al sector para que así los establecimientos, ante una situación insostenible, vayan cerrando sus puertas. Miguel Ángel Riera, de SAREIBA, ya manifestó en la prensa local que la modificación de la Ley del Juego "focaliza las medidas excesivamente en las empresas de salas de juego, que sólo representan el siete por cien del montante total del dinero que se juega". Por tanto no se contempla "el 93 por cien restante".
Al parecer para el Gobierno de las Islas las lotería ONCE o Primitiva es como si no existieran, representando 51% del juego público. Además hay que recordar que los Rascas son los juegos más adictivos entre la población menor de edad.
Yllanes pretende alumbrar una Ley a ciegas, sin contar con datos económicos, ni Memorias para analizar el contexto del juego y legislar en consecuencia.
