Jorge Justicia, CEO de Jokerbet, cuestiona la propuesta fiscal de Frente Amplio: «Confunde 11.000 millones en apuestas con 540 millones facturados»

| 20 de noviembre de 2026

Jorge Justicia, CEO de Jokerbet, critica la propuesta de Frente Amplio de aplicar un impuesto del 10 % sobre las cantidades apostadas en el juego online y sostiene que la medida parte de una confusión entre volumen de apuestas e ingresos reales del sector. En un mensaje publicado en LinkedIn, el directivo calcula que, tomando como referencia los datos del segundo trimestre de 2026, la recaudación teórica ascendería a 1.100 millones de euros, frente a una facturación de 540 millones.

Justicia advierte de que esa diferencia supondría, en su planteamiento, un saldo negativo de 560 millones de euros si se aplicase el gravamen sobre las cantidades jugadas. El CEO de Jokerbet considera que la propuesta electoral evidencia un desconocimiento de las magnitudes económicas del juego online, al confundir los aproximadamente 11.000 millones de euros apostados con los 540 millones de ingresos del sector (GGR).

En su crítica, Jorge Justicia plantea cuatro posibles explicaciones para la iniciativa: que sus promotores no sepan interpretar los datos, que no estén interesados en hacerlo, que busquen desplazar la actividad hacia el mercado ilegal por su rechazo al juego o que presenten una medida que consideran inviable con fines electorales. En este contexto, cuestiona también que la propuesta se justifique desde la protección del consumidor.

El comentario de Justicia se extiende asimismo al modelo de detección de comportamientos de riesgo impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy. El CEO de Jokerbet vuelve a poner en duda sus fundamentos y critica que se utilice como argumento el dato de que el 10 % de los usuarios recibe el 60 % de los impactos de marketing, al considerar que esa concentración no demuestra por sí misma la existencia de problemas relacionados con el juego.

Jorge Justicia concluye su publicación con una crítica a la continuidad de estas iniciativas y reivindica la necesidad de que las decisiones regulatorias se apoyen en datos adecuados sobre la actividad y sus posibles riesgos.

Noticias relacionadas