El proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027 propone reforzar las restricciones financieras en los establecimientos de juego, con la prohibición expresa de entregar dinero en efectivo a los clientes, concederles préstamos o facilitarles cualquier tipo de financiación. La iniciativa también contempla limitaciones a los dispositivos de retirada de efectivo y nuevas infracciones relacionadas con la asistencia financiera a los jugadores.
La medida figura en la disposición final primera del proyecto, que modifica la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León. El texto establece que los titulares de los establecimientos y su personal no podrán prestar dinero, conceder créditos ni proporcionar financiación a quienes participen en actividades de juego.
La prohibición se extiende a la entrega de efectivo, bonificaciones, partidas gratuitas u otros elementos que puedan canjearse por dinero. Asimismo, el proyecto prevé que la instalación de cajeros automáticos u otros dispositivos para retirar efectivo dentro de los locales solo esté permitida cuando la normativa específica lo autorice expresamente.
El régimen sancionador también incorporaría infracciones vinculadas a la concesión de préstamos o a la entrega de dinero por parte de los responsables del establecimiento, sus empleados o terceras personas. Entre los supuestos contemplados se incluyen las actuaciones realizadas a través de familiares, como cónyuges o ascendientes y descendientes de primer grado.
Otras condiciones para los establecimientos
La reforma propuesta incluye, además, nuevas condiciones de funcionamiento para los locales de juego. Entre ellas, establece que el horario autorizado deberá garantizar una apertura al público de al menos ocho horas diarias.
También se prevé que las puertas de los establecimientos permanezcan cerradas, de forma que la actividad de juego o apuestas no resulte visible desde la vía pública. Por otra parte, el proyecto incorpora nuevas infracciones relacionadas con la prestación de servicios auxiliares no autorizados, como los de hostelería o entretenimiento, así como con la asistencia financiera a los jugadores.
Las medidas forman parte de la modificación planteada de la legislación autonómica del juego, cuyo alcance definitivo dependerá de la tramitación y aprobación del texto normativo.
