El Ayuntamiento de Lorca vuelve a plantear restricciones a los salones de juego y apuestas después del revés judicial sufrido por su anterior regulación. El Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción para iniciar una nueva modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), esta vez con el objetivo de reforzar la justificación técnica de las medidas.
La iniciativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia anulase en abril de 2025 la modificación del PGOM aprobada dos años antes, que establecía una distancia mínima de 500 metros respecto a colegios, institutos y centros de salud y de un kilómetro entre establecimientos de juego. La sentencia cuestionó la existencia de una motivación técnica suficiente para imponer unas restricciones superiores a las contempladas por la normativa autonómica.
Ahora el Consistorio pretende volver a intentarlo, elaborando una memoria justificativa exhaustiva, acompañada de datos objetivos, estudios técnicos e informes específicos sobre la vulnerabilidad del municipio. También se plantea analizar modelos alternativos con el propósito de acreditar la necesidad y proporcionalidad de las futuras restricciones.
La propuesta mantiene, sin embargo, unas distancias especialmente exigentes: 500 metros respecto a centros educativos, deportivos y sanitarios y 1.000 metros entre locales similares. Además, el Ayuntamiento pretende trasladar al Gobierno regional la petición de que estas distancias se establezcan de forma unificada en toda la Región de Murcia.
La moción incorpora también medidas relacionadas con el control de acceso. Según el Ayuntamiento, la Policía Local realiza inspecciones diarias en alrededor de una veintena de establecimientos para comprobar que no accedan menores de 18 años. También se plantean campañas informativas dirigidas a los jóvenes sobre los riesgos asociados al juego.
El nuevo movimiento municipal vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde pueden llegar las restricciones urbanísticas cuando la propia Justicia ya ha cuestionado la solidez de su justificación. El Ayuntamiento tendrá ahora que demostrar, con datos y estudios, que las distancias que pretende imponer responden a una necesidad objetiva y que son proporcionales al objetivo perseguido.
La cuestión resulta especialmente relevante porque la normativa autonómica contempla actualmente distancias inferiores. Por ello, más allá de la voluntad política de endurecer las condiciones de implantación, el nuevo intento de Lorca deberá superar de nuevo el examen jurídico si quiere convertir sus propuestas en una regulación efectiva.
