El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé prolongar la limitación a la apertura de nuevos casinos en la región hasta finales de 2031, ampliando así la moratoria actualmente vigente sobre la concesión de autorizaciones para establecimientos de juego.
La medida forma parte de las modificaciones incluidas en el nuevo proyecto de ley de medidas administrativas y tributarias que acompañará a los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio. En concreto, se plantea incorporar una disposición adicional quinta a la Ley del Juego de Castilla-La Mancha.
Según la nueva previsión, entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2031 quedaría suspendida la concesión de nuevas autorizaciones para casinos de juego. La propuesta contempla como excepción aquellos procedimientos que ya se encuentren en tramitación.
La decisión supone un cambio respecto al marco establecido en diciembre de 2023. A través de aquel decreto, la Junta suspendió entre 2024 y 2027 la concesión de nuevas autorizaciones de instalación para cualquier tipo de establecimiento de juego, independientemente de su modalidad.
Con la nueva regulación, la restricción dejaría de aplicarse de forma general a todas las tipologías y pasaría a centrarse específicamente en los casinos de juego, además de adquirir rango legal.
Una moratoria específica para los casinos
Los casinos cuentan con una oferta de juego más amplia que otros establecimientos autorizados en Castilla-La Mancha. Además de las modalidades que pueden encontrarse en otros locales, como máquinas de juego, apuestas o bingo, estos establecimientos pueden ofrecer juegos tradicionales de casino.
Entre ellos se encuentran modalidades como la ruleta francesa, los dados o el baccarat, junto con otras recogidas dentro de la normativa específica aplicable a estos establecimientos.
De aprobarse la modificación planteada por el Ejecutivo autonómico, Castilla-La Mancha mantendría durante otros cinco años la restricción a la entrada de nuevos operadores de casino, aunque los expedientes que ya estuvieran en proceso de autorización quedarían fuera de la suspensión prevista.
La medida se incorporaría al marco legislativo regional coincidiendo con la tramitación de las nuevas medidas administrativas y tributarias vinculadas a los presupuestos de Castilla-La Mancha.
