El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una reforma que contempla la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), cuyo modelo de financiación incluirá una tasa sobre entidades financieras y operadores de juego sujetos a licencia administrativa.
La reforma, impulsada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, supone la mayor actualización del marco español de prevención del blanqueo de capitales en más de quince años y busca adaptar la normativa nacional al nuevo paquete legislativo europeo aprobado en 2024, así como a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una autoridad única e independiente
La principal novedad del texto es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), una autoridad administrativa independiente que concentrará funciones actualmente repartidas entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
El nuevo organismo asumirá competencias en materia de inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora, aplicación de sanciones financieras internacionales y control de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, actuará como interlocutor único de España ante la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).
Financiación sin cargo a los Presupuestos
Uno de los aspectos más relevantes para el sector del juego es que ANIFI dispondrá de un sistema de financiación propio, independiente de los Presupuestos Generales del Estado.
El organismo se financiará mediante:
Una tasa aplicada a los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa, entre los que se incluyen fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego.
Un porcentaje limitado de las sanciones que imponga, recursos que se destinarán a actividades de prevención, persecución del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como a actuaciones de cooperación internacional.
Según el Ejecutivo, este modelo pretende garantizar la sostenibilidad financiera de la nueva autoridad sin generar costes para los contribuyentes.
Adaptación al nuevo marco europeo
El anteproyecto incorpora además diversas medidas para reforzar el sistema español de prevención del blanqueo, entre ellas:
La incorporación de nuevos sujetos obligados.
Un mayor control sobre la titularidad real mediante nuevas facultades de inspección y sanción del Registro Central.
Requisitos de idoneidad más estrictos para impedir que personas condenadas por blanqueo puedan dirigir o gestionar sujetos obligados.
Un refuerzo de los controles sobre los movimientos de efectivo.
Cambios en la resolución bancaria
La reforma también simplifica el modelo español de resolución bancaria mediante la reorganización de las funciones actualmente desempeñadas por el FROB, que servirán como base operativa para la puesta en marcha de ANIFI.
El anteproyecto inicia ahora su fase de audiencia e información pública antes de continuar su tramitación parlamentaria. De aprobarse en los términos previstos, los operadores de juego pasarán a formar parte del sistema de financiación de la nueva autoridad supervisora, junto al resto de entidades sujetas a licencia administrativa.
