El Consejo de Estado de Colombia ha ordenado la suspensión provisional de varios apartados clave de la Resolución 20231000019054 de 2023, la normativa impulsada por Coljuegos para regular la actividad publicitaria de los operadores de Juegos Operados por Internet (JOI).
La decisión judicial responde a una demanda presentada por Sora Lawyers, que cuestionó la legalidad de diversas medidas incluidas en la regulación por considerar que podrían exceder las competencias del regulador y afectar derechos económicos y empresariales.
En su análisis preliminar, el Consejo de Estado apreció indicios suficientes para suspender temporalmente parte de la norma mientras se resuelve el procedimiento principal. Entre los argumentos valorados por el alto tribunal figuran posibles afectaciones a la libertad económica, la ausencia de habilitación legal expresa para imponer determinadas restricciones o sanciones, el acceso a información empresarial sensible y limitaciones sobre derechos de los accionistas.
La suspensión afecta a aspectos considerados estratégicos para la operativa de las empresas del sector. En concreto, quedan sin efecto provisional los límites establecidos para la inversión publicitaria de los operadores, las disposiciones que permitían denegar contratos de concesión por cuestiones relacionadas con marcas, publicidad o proveedores vinculados a operadores, así como las obligaciones de presentar ante Coljuegos planes de inversión publicitaria y documentación detallada sobre gastos de marketing.
Asimismo, el Consejo de Estado ha suspendido el requisito que obligaba a obtener autorización previa del regulador para determinadas operaciones de adquisición de acciones en las sociedades concesionarias cuando existían circunstancias vinculadas a la actividad publicitaria.
La resolución supone uno de los pronunciamientos judiciales más relevantes para la industria colombiana del juego online en los últimos años, al cuestionar temporalmente una parte significativa del marco regulatorio aprobado por Coljuegos.
Aunque la medida tiene carácter cautelar y no implica una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, reabre el debate sobre los límites de la capacidad regulatoria de la administración y el alcance de las facultades de supervisión del regulador sobre una industria que opera bajo un marco legal y contractual específico.
Desde Sora Lawyers han valorado la decisión como un paso importante para reforzar la seguridad jurídica del sector y garantizar un equilibrio entre la supervisión pública y los derechos de los operadores. El proceso continuará ahora su tramitación hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva sobre la legalidad de la regulación impugnada.
