Recientemente el Gobierno de Cantabria ha publicado el Mapa del Juego, indicando la localización y planificación de los establecimientos en la Comunidad Autónoma. Además el Ejecutivo ha subrayado que su norma para el sector es una de las más restrictivas de España. De estas y otras cuestiones hablamos, EN EXCLUSIVA, con José Ramón Sáinz, presidente de la asociación de operadoras ACEO.
¿En qué medida afecta o impacta la publicación del Mapa de Locales de Juego de Cantabria a la percepción social del sector y su planificación?.
A mi entender constituye una herramienta muy útil, no sólo a nivel planificador y de toma de decisiones futuras equilibradas, sino porque también contribuirá a mejorar la reputación social del Sector, al poner al servicio de la ciudadanía y demás entes una información objetiva, real, transparente y contrastada, que desmiente los infundados mantras esgrimidos por determinados colectivos y grupos políticos, quienes aducen, que los locales de juego se instalan estratégicamente en zonas deprimidas, como extrarradios o lugares con bajas rentas, con el único ánimo de captar clientela en situación de vulnerabilidad. Una verdadera lástima que no se incluyese en el mismo los locales o puntos de ventas de entidades públicas o semipúblicas.
Cantabria llevó a cabo 2.983 inspecciones de juego. ¿No se considera un número excesivo para la nómina de locales y sus elementos de juego?.
Posiblemente, pero ello es debido en parte al elevado número de funcionarios -actualmente 9- adscritos a la Inspección de juego, tras anularse el puesto que anteriormente ocupaban y ser reasignados al control del Juego y Espectáculos públicos, lo que posiblemente nos colocará en uno de los mayores ratios de Inspectores por parque de máquinas o locales de juego. En cualquier caso y en gran relación con lo expuesto anteriormente, ello otorga una mayor transparencia y credibilidad al Sector del Juego en Cantabria, pues pese a la intensa labor de inspección desplegada, el número de expedientes sancionadores incoados han sido mínimos, lo que por otro lado evidencia el alto grado de cumplimiento de la normativa sectorial y la máxima implicación del empresariado por el desarrollo de su actividad dentro de los parámetros del juego responsable y su sostenibilidad social.
Desde la Consejería se subraya que la normativa autonómica es una de las más restrictivas en materia de juego de España. ¿Qué se debería incluir o flexibilizar para mejorar competitividad y el rendimiento de las empresas?.
Ahora mismo el principal motivo de reivindicación, no ya para mejorar nuestra competitividad, sino para equipararnos al denominado juego “público” o “semipúblico”, sería el contar con los mismos métodos de pago con que cuentan aquellos, al considerarnos un Sector lo suficientemente responsable y profesional como cualquier otro.
