La tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley del Juego del País Vasco ha vuelto a situar en el centro del debate la práctica del bingo social que se desarrolla habitualmente en centros de jubilados, hogares de mayores y asociaciones vecinales. La revisión normativa analiza el encaje de estas actividades recreativas dentro del marco regulador del juego, en un contexto en el que distintos colectivos defienden el carácter social y lúdico de estas partidas, alejadas de la actividad empresarial del sector. Para conocer más detalle sobre esta práctica y la repercusión sobre las salas de bingo hablamos, EN EXCLUSIVA, con Fernando Henar, presidente de la Confederación de Empresarios de Juego de Bingo (C.E.J).
¿En qué medida o porcentaje los bingos de centros de mayores restan negocio a las salas profesionales?.
Más que una cifra, se trata de un riesgo conceptual: hoy su impacto puede ser limitado por la contención normativa vigente, pero podría crecer de forma exponencial si se liberara de manera inadecuada.
Asimismo, se puede vulnerar el principio de igualdad: las salas autorizadas cumplen requisitos y obligaciones (licencias, inspecciones, tasas). Permitir bingos “sociales” sin exigencias equivalentes genera un trato desigual frente a la normativa, además de la consecuente pérdida de recaudación fiscal para la administración pública. También provoca distorsión del mercado local, ya que su bajo coste permite ofrecer cartones y premios a precios artificialmente competitivos, expulsando o reduciendo la viabilidad de las salas reguladas. Ello podría traducirse en cierres de Salas o pérdida de rentabilidad, con la consiguiente pérdida de empleo y menor inversión en seguridad y servicios, ayudando así a la ya delicada tendencia en lo últimos años de cierres en el bingo regulado.
En Euskadi han proliferado las apuestas en este tipo de centro sociales. ¿Tienen detectadas otras Autonomías dónde esté ocurriendo lo mismo?.
Pocas comunidades autónomas regulan expresamente el juego o los bingos sociales desarrollados en residencias, centros de día, festividades concretas o asociaciones; entre las excepciones destacan la Comunidad Valenciana, Galicia y la Región de Murcia.
¿Cómo espera que se regule esta actividad?. ¿En qué condiciones?.
Al menos debe incorporarse un conjunto mínimo de medidas de control, protección y prevención: identificación y exclusión de menores y personas vedadas; control de la frecuencia (sesiones/partidas) y horarios; límites máximos por apuesta y por premio; obligación de llevar registro de operaciones e incidencias y de rendir cuentas periódicas ante la administración; y exigencia de formación básica en detección de conductas problemáticas.
La ausencia de transparencia y trazabilidad —imposible de subsanar sin controles efectivos que verifiquen topes de premios y volúmenes de juego— aumenta el riesgo de fraudes, reclamaciones sin respuesta y, sobre todo, impide la aplicación de protocolos de prevención de la ludopatía. Además, la normalización del juego sin supervisión entre personas vulnerables favorece su explotación por estructuras irregulares o mafias, por lo que dichas medidas no son solo deseables sino imprescindibles.
