España ha dado un paso decisivo en la regulación de la inteligencia artificial con la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que comenzó su tramitación parlamentaria el pasado 12 de junio. La norma tiene como objetivo complementar el marco establecido por el Reglamento Europeo de IA (AI Act), definiendo las competencias de las autoridades nacionales y desarrollando aspectos que quedan en manos de los Estados miembros.
Entre las principales novedades figura la prohibición expresa de determinadas prácticas consideradas especialmente lesivas, como la creación de deepfakes sexuales sin consentimiento o la generación de contenidos de pornografía infantil mediante inteligencia artificial. Asimismo, el texto incorpora un régimen sancionador que contempla criterios específicos para pymes y mecanismos de reducción de sanciones cuando se adopten medidas correctoras de forma inmediata.
La futura ley también refuerza la protección de los ciudadanos frente a sistemas de perfilado y técnicas subliminales que puedan influir de forma indebida en su comportamiento, al tiempo que establece la obligación de supervisión humana sobre determinados sistemas de IA y el etiquetado de los contenidos generados mediante estas tecnologías antes de su comercialización.
Otro de los aspectos destacados es el papel que asumirá la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que actuará como organismo central de supervisión y como ventanilla única para la recepción de reclamaciones y denuncias relacionadas con posibles incumplimientos de la normativa.
La norma también introduce nuevas obligaciones para el sector público. Entre ellas, la designación de un delegado de inteligencia artificial en cada organismo y la creación de inventarios públicos de los sistemas algorítmicos utilizados por las administraciones, con el objetivo de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.
Con este proyecto, España avanza en la adaptación de su ordenamiento jurídico al marco europeo de la inteligencia artificial y sienta las bases para un modelo de gobernanza que combina innovación, supervisión humana, protección de derechos y seguridad jurídica para empresas, administraciones y ciudadanos.
