Una decisión del Tribunal Supremo ha disparado las alarmas en el sector de máquinas recreativas en hostelería al anular la retirada de terminales de la ONCE en bares. Una competencia que acrecienta los privilegios concedidos a la ONCE, quién busca una incursión sin control en hostelería. Hablamos sobre este tema, EN EXCLUSIVA, con Jesús María Molina, secretario general de FEMARA.
El Tribunal Supremo ha avalado a la ONCE y anula la retirada de terminales en hostelería en Asturias. ¿Qué impacto va a tener para el sector privado? ¿Desde FEMARA van a llevar a cabo alguna acción?.
Efectivamente, este pasado mes de abril el Tribunal Supremo dictó varias Sentencias en las que, corrigiendo lo establecido en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y obviando por completo lo que establece la Ley de Juego de esta Comunidad, declara que las Comunidades Autónomas carecen de competencia para realizar actuaciones de inspección y de intervención en equipos o terminales que permitan la participación en juegos de la reserva estatal de loterías en favor de la ONCE que estén instalados en establecimientos de hostelería.
Sin duda, nos encontramos ante unos pronunciamientos ciertamente preocupantes, en la medida que parecen dejar una completa libertad a la ONCE para comercializar sus juegos en la forma y en los lugares que consideren oportunos en cada momento, eludiendo cualquier tipo de control y de limitación que las Comunidades Autónomas pudieran considerar convenientes en el ámbito de sus competencias en materia de juego.
Con ello se amparan, aún más, los privilegios competitivos que esta organización ya ostenta con relación al resto de operadores de juego privado, que se ven sometidos a unas muy rigurosas y restrictivas condiciones para poder realizar sus actividades de juego, condiciones que la ONCE parece que puede obviar por completo. Por ello, es evidente que esto supone una peligrosa amenaza para todo el sector del juego privado y, muy particularmente, para las empresas que operan máquinas en los establecimientos de hostelería.
Por supuesto, como no podía ser de otra forma, este fue un tema tratado en la Asamblea General de FEMARA que tuvo lugar el pasado día 28 de abril, en la que se acordó estudiar en profundidad estas Sentencias, valorar las consecuencias de todo tipo que se pueden derivar de la doctrina establecida en las mismas y analizar posibles actuaciones que se puedan llevar a cabo frente a las amenazas que suscitan tales pronunciamientos. Además, entendemos que las Comunidades Autónomas también tendrán algo que decir ante semejante recorte a sus competencias de planificación y de organización de las actividades de juego en sus respectivos ámbitos territoriales.
La pretensión de la ONCE es seguir ampliando sus canales de ventas, principalmente hostelería. Desde ASPROMARE, por ejemplo, crean necesaria más que nunca una Unidad Sectorial. ¿Se puede alcanzar dicha unidad y cómo podría materializarse?.
Como antes señalábamos, estamos ante una amenaza muy grave y muy seria, que afecta a todo el sector del juego privado, y que, como tal, entendemos que debe ser afrontada de una manera conjunta por todas las organizaciones del sector. Nos encontramos ante un inadmisible incremento de los ya de por si importantes privilegios otorgados a la ONCE y, aunque aparentemente los efectos más dañinos parecen inicialmente más focalizados en las máquinas de hostelería, mal haríamos si en el sector no trabajamos de una forma coordinada para tratar de que se pongan límites a la libertad absoluta y a la arbitraria falta de control que parecen otorgar estas Sentencias a dicha entidad.
Los locales de juego y máquinas están sometidas a un número más que considerable de inspecciones con incidencias mínimas mientras los puestos ambulantes de la ONCE carecen de control. ¿Cómo se hace para que tanto el juego público como privado cumpla con prácticas responsables?.
Nadie desconoce la diferente vara de medir que existe desde siempre en nuestro País en lo que se refiere al trato que se proporciona al juego atendiendo a que el mismo lo realicen empresas privadas o a que sean SELAE o la ONCE quienes lo comercialicen. Más allá de la diferente percepción que, desde determinadas formaciones políticas, se propicia y se transmite en función de que el juego sea organizado por empresas privadas o públicas, lo verdaderamente preocupante es que esto se traduzca en regulaciones completamente dispares, en las que a las empresas privadas se les somete a unas exigencias, condiciones y controles extremadamente rigurosas, mientras que las organizaciones públicas pueden operar con absoluta libertad e impunidad.
Ojalá estas Sentencias puedan hacer que las Comunidades Autónomas perciba de una vez por todas la necesidad de implicarse en exigir la imposición de límites al juego público y el establecimiento de sistemas de control a la comercialización de estos juegos. De no ser así, sus competencias y sus medidas planificadoras en materia de juego serán completamente ineficaces, y cada vez contarán con menos oferta de juego que regular y con menos recaudaciones tributarias por estas actividades.
