El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicó, día 30, la orden aprobada por el Gobierno regional que regula la implantación del control biométrico obligatorio en los accesos a todos los establecimientos de juego y apuestas en la Rioja. La medida garantiza un cumplimiento real y automático de las restricciones previstas en la Ley frente al juego problemático y la prevención de conductas adictivas, y tiene como prioridad absoluta proteger a los menores de edad y a las personas vulnerables, es decir, a aquellas que solicitan la prohibición de acceso de manera voluntaria.
El director general de Tributos, Jesús Ángel Garrido, y la fundadora y vicepresidenta de la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ARJA), Concha Santo Tomás, han presentado el nuevo sistema que permitirá verificar la identidad de cada usuario en tiempo real, evitando accesos indebidos y reforzando la prevención del juego problemático. El sistema requerirá el consentimiento expreso del usuario, aunque también se respetará su derecho a optar por métodos alternativos como la presentación de un documento de identidad válido o sistemas electrónicos de identificación.
En el caso de juego presencial que se practica en los establecimientos de juego —casinos de juego, salas de bingo, salones de juego, tiendas de apuestas, locales o espacios para la celebración de sorteos—, las funciones principales del sistema técnico del servicio de control consisten en la identificación de forma previa y fidedigna de las personas que pretenden acceder a estos locales, así como en la verificación de que no se trate de personas que tienen prohibida su participación en juegos de azar y, en caso afirmativo, impedir su entrada. En el caso de sitios webs de juegos y apuestas, el sistema deberá denegar el acceso y el registro de dichos usuarios.
Jesús Ángel Garrido ha explicado que la biometría es “una medida segura, garantista y eficaz”, y “se concibe como una herramienta al servicio del interés público, especialmente en materia de salud y protección de consumidores”, eso sí, “con máximas garantías en protección de datos: evaluaciones de impacto en protección de datos obligatorias, medidas de seguridad avanzadas, prohibición de almacenar datos de menores y conservación limitada de la información, con un máximo de seis meses”.
El sistema se conectará directamente con el Registro de Interdicciones, impidiendo de forma inmediata el acceso a personas autoexcluidas o con prohibición vigente. También actuará como mecanismo antifraude, evitando suplantaciones de identidad y el uso indebido de documentos.
Los operadores dispondrán de un plazo de un año para adaptar sus sistemas y asumir su papel en la prevención del juego problemático. Esta medida se integra en una estrategia más amplia de juego responsable, que incluye acciones de sensibilización, prevención y reducción de daños.
