La Región de Murcia se prepara para la implantación obligatoria de sistemas de control de acceso en todos los salones de juego, una medida que afectará a aproximadamente 359 establecimientos actualmente en funcionamiento.
La comunidad presenta una de las mayores densidades de locales por habitante, con cerca de 22 salones por cada 100.000 personas, lo que amplifica el alcance de una normativa que obligará a instalar controles físicos en la entrada de cada establecimiento. El decreto, que se prevé aprobar antes del verano de 2026, encara ya su fase final de tramitación administrativa.
La adaptación a esta nueva exigencia supondrá una inversión relevante para el sector. Por un lado, los sistemas de acceso —como tornos, lectores de DNI o soluciones biométricas— implican costes de instalación que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros, dependiendo del nivel tecnológico.
A ello se suman los gastos asociados al software y a la conexión con el Registro General de Juego, necesarios para verificar en tiempo real la identidad de los usuarios y su posible inclusión en registros de autoexclusión, con cuotas de mantenimiento mensuales variables.
Con esta medida, Murcia se alinea con otras comunidades que han reforzado los mecanismos de control en el acceso al juego presencial, en un contexto de mayor exigencia regulatoria y foco en la protección del usuario.
