Las reclamaciones del sector del juego por la devolución de tasas abonadas durante los cierres por la pandemia continúan acumulándose en distintas comunidades autónomas, aunque la doctrina del Tribunal Supremo ha limitado en gran medida sus posibilidades de éxito.
En Aragón, un grupo de 45 empresas —que gestionan alrededor del 71% del parque de máquinas recreativas de la región— ha impulsado una de las reclamaciones más relevantes, valorada en unos 4 millones de euros, al exigir la devolución de tasas por periodos de inactividad forzosa.
En Castilla y León, varias operadoras han impugnado las tasas correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2020. La patronal SAJUCAL, que representa a más del 90% de los salones de juego de la comunidad, ha denunciado el cobro íntegro pese a los cierres obligados.
Por su parte, en Baleares, la justicia desestimó en marzo de 2026 la reclamación de una operadora de Ibiza que solicitaba la devolución de más de 130.000 euros por 79 días de inactividad.
Frente a estas iniciativas, el Tribunal Supremo ha consolidado entre 2024 y 2025 una línea jurisprudencial restrictiva. El Alto Tribunal considera que la tasa fiscal del juego está vinculada a la autorización administrativa de las máquinas, y no al ejercicio efectivo de la actividad, lo que invalida la mayoría de las solicitudes de devolución.
Asimismo, ha rechazado que exista derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, al entender que las restricciones adoptadas durante la crisis sanitaria fueron medidas razonables y proporcionadas.
No obstante, el propio Supremo introdujo un matiz relevante en su Sentencia n.º 412/2026, relativa a Cantabria, donde sí reconoció el derecho a recuperar tasas en virtud de una normativa autonómica específica que vincula el tributo al ejercicio efectivo de la actividad.
Este escenario evidencia la disparidad de criterios según el marco normativo autonómico y anticipa que el debate jurídico seguirá abierto en los próximos años.
