Un total de 6.220 operadores ilegales generaron más de 80.600 millones de euros en 2024 procedentes de ciudadanos de la Unión Europea, según estimaciones recogidas en un informe de la European Casino Association (ECA). Gran parte de estos ingresos provienen de la propia economía europea, lo que debilita los mercados regulados y alimenta redes de crimen organizado transfronterizo.
En materia de juego, rige el principio de subsidiariedad, por el cual la regulación y la supervisión corresponden principalmente a los Estados miembros. Sin embargo, la ECA advierte de que la naturaleza digital y global del juego ilegal complica la respuesta a nivel nacional, especialmente en tres aspectos clave:
Identificación de los operadores responsables, que suelen operar desde múltiples jurisdicciones.
Obtención de pruebas a través de fronteras, con marcos legales distintos.
Capacidad de respuesta frente a esquemas criminales que evolucionan rápidamente.
Propuesta: una unidad europea especializada
Ante este escenario, la European Casino Association plantea la creación de una unidad permanente especializada en la lucha contra el juego ilegal online a nivel europeo.
Esta estructura trabajaría en coordinación con organismos y agencias clave como Europol, Eurojust, Anti-Money Laundering Authority (AMLA), as Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) de los Estados miembros y las autoridades nacionales de juego.
Entre sus principales funciones estarían:
- Centralizar inteligencia sobre operadores ilegales y redes criminales.
- Compartir buenas prácticas regulatorias y operativas entre los Estados miembros.
- Intercambiar datos sobre delitos financieros, especialmente en materia de blanqueo de capitales.
Un problema estructural del mercado digital
El crecimiento del juego ilegal online se ha convertido en uno de los principales desafíos regulatorios del sector en Europa. Plataformas sin licencia, muchas de ellas basadas en criptomonedas o registradas en jurisdicciones offshore, operan fuera de los controles de identidad, protección del jugador o prevención del blanqueo de capitales exigidos a los operadores regulados.
El debate sobre cómo mejorar la cooperación entre los Estados miembros continúa abierto, pero cada vez más actores del sector coinciden en que la dimensión transnacional del problema requiere herramientas de coordinación también a escala europea.
